Los militares denominan Zero Dark Thirty a la media hora posterior a la medianoche, cuando se dan las mejores condiciones para operaciones nocturnas. En España, la noche más oscura del sistema eléctrico llegó el lunes 28 de abril, media hora después del mediodía, con el sol en lo más alto. A las 12.33, en cinco segundos, el sistema eléctrico se vino abajo y arrastró al sistema portugués. La balsa de piedra peninsular quedó a la deriva. Cero absoluto ―“casi”, precisan los técnicos más puntillosos― por vez primera en la historia. A esa hora, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica Sara Aagesen ―nombrada cinco meses antes en sustitución de Teresa Ribera― asiste a la inauguración del foro internacional Invest in Spain Summit, organizado por el ICEX e inaugurado por el Rey Felipe VI. Buen día y buen escaparate para presumir. España, según los organismos internacionales (FMI, OCDE, Comisión Europea y demás) fue la economía desarrollada que más creció en 2024, y seguirá haciéndolo por encima de la media en 2025. El motor económico, engrasado por unos precios de la energía competitivos gracias en parte a las energías renovables (56,8% de la electricidad generada en 2024), ruge con potencia. España, con electricidad barata en comparación con otros países de la UE, está en el punto de mira de los grandes inversores, esta vez para bien. Aagesen, acompañada por los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, y de Industria, Jordi Hereu, sonríe. No sabe todavía que su jornada acabará 15 horas y media después, a las 3.30h del martes 29 de abril.
A la misma hora, a dos kilómetros del Real Casino de Madrid donde se celebra el foro, en el Campus Universitario de la Universidad Carlos III de Puerta de Toledo, la directora de Seguridad Nacional e Internacional del Gobierno, Loreto Gutiérrez Hurtado, participa en una jornada sobre riesgos y amenazas para la seguridad junto a miembros de la inteligencia del Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Gutiérrez acaba esa sesión como nunca imaginó. Su teléfono arde. El presidente Pedro Sánchez, junto a Aagesen y buena parte del equipo de Transición Energética, se desplazan a toda velocidad a la sede de Red Eléctrica de España (REE) en Alcobendas (Madrid) para mantener una primera reunión de crisis en el Centro de Control de Electricidad (Cecoel) de la compañía.
A esas alturas del mediodía ya son conscientes de que la situación es grave. El país se paraliza. Francia ha cortado las interconexiones con España y los bulos corren aún más deprisa que la comitiva oficial. Se manejan teorías relacionadas con ataques cibernéticos, incendios en Francia, terrorismo. El Ministerio de Transición declara una “crisis de electricidad” de acuerdo con el Plan de Preparación frente a riesgos del sistema eléctrico. El ministerio bulle: informa a la Comisión Europea, al grupo de Coordinación de Electricidad, a los países vecinos ―Francia y Portugal― y a Entsoe-, la red europea de gestores de redes de transporte de electricidad. La principal preocupación es cómo levantar el sistema, apenas interconectado con las redes europeas, desde cero y en el menor tiempo posible. Algo parecido a hacer un milagro.
Se abre el debate sobre las renovables y las nucleares
La alarma crece. Del fondo de la olla a presión empiezan a aflorar, tímidamente aún, los dos debates que marcan el negocio de la energía desde hace meses: la apuesta por las energías renovables del Gobierno Sánchez ―necesaria según el Ejecutivo y sus socios; apresurada según las energéticas y el PP― y el cierre de las nucleares que las empresas pactaron en 2019 con el Gobierno, con un calendario de clausuras que comienza en 2027 con la central de Almaraz y acaba en 2035 con la clausura de Trillo. La energía ha vivido en una especie de círculo virtuoso: beneficios multimillonarios para las compañías del sector, competitividad para la economía española, factura a la baja para los consumidores y entrada de inversión y dividendo político. Nadie quiere matar esa especie de gallina de los huevos de oro. Pero las grandes crisis tienen consecuencias, y cada uno de los actores tiene intereses para tratar de arrimar el ascua a su sardina.
A las 14.30, dos horas después del desplome histórico de la red de electricidad, Red Eléctrica da las primeras explicaciones. No comparece la presidenta de la compañía, Beatriz Corredor; lo hará 45 horas después en varias entrevistas. El mal trago ―no será el último― lo pasa el director de operaciones de REE, Eduardo Prieto, en una gestión comunicativa de la crisis cuando menos discutible. En esa primera comparecencia se ofrece por primera vez un dato clave al que se agarraron todos los españoles: las estimaciones son que el apagón puede durar entre seis y 10 horas, en una normalización que se adivina “paulatina y progresiva”. Prieto volverá a dar la cara a las nueve de la noche. Sus explicaciones no aclaran la causa del incidente más allá de apuntar a “perturbaciones extraordinarias” en instalaciones del suroeste de España, lo que de alguna manera supone poner presión sobre las renovables; sobre la energía solar. Hay hambre de información, pero nadie sabe qué ha pasado. El Gobierno intenta controlar la situación. El escándalo de la mala gestión de Carlos Mazón, el presidente valenciano del PP, con la dana de Valencia extiende su sombra. El Ejecutivo, a las 15.00 del día cero, convoca una primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional. A esas alturas, a la directora de seguridad de Presidencia, Loreto Gutiérrez, la jornada que inició en la Universidad le parece lejana. El tiempo pasa veloz.
Esclarecer la causa
El presidente Sánchez, de vuelta a La Moncloa, recibe explicaciones. Fuentes gubernamentales resumen la información en aquel momento: el sistema español es de los mejores y las pruebas de estrés (N-1), donde se simula la caída de líneas clave, son inmejorables. Las probabilidades de una caída prolongada de la electricidad son menores que en otros países. Y aun así todo ha fallado. No se sabe por qué. No hay sistema infalible. No hay riesgo cero. A las 18.00, cinco horas y media después del inicio del apagón, Sánchez comparece con una declaración sin preguntas: no descarta ninguna hipótesis y anuncia la voluntad de llegar al fondo del asunto. Comienza una partida política de primer nivel, que probablemente durará mucho. Tres comunidades autónomas del PP, Andalucía, Extremadura y Madrid ―a las que luego se sumarán otras cinco―, solicitan emergencia de interés nacional. Colocan así, el foco a máxima potencia sobre el Ejecutivo.
Los segundos niveles del Ministerio de Transición se dividen el trabajo. A las tres de la tarde hay reuniones convocadas en el Centro de Coordinación (Cecor) del Ministerio del Interior y en el Consejo de Seguridad Nuclear. Es un asunto especialmente delicado. Las empresas propietarias de las centrales, Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, han notificado prealerta. Las nucleares necesitan un mínimo de energía para evitar riesgos. Disponen de sistemas de emergencia, pero nunca antes ha habido un blackout total.
Desde mediodía del lunes, las reuniones se suceden en el Cecoel de Red Eléctrica, en el Cecor del Ministerio del Interior, en el CSN, incluso en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que tiene un papel en esta historia por la posibilidad de que entre las causas figure un ciberataque que el Gobierno no descarta en ningún momento, en contra de la opinión de Red Eléctrica. Las empresas del sector, grandes y pequeñas, también velan armas. Los grandes grupos energéticos saben lo que viene y preparan el terreno. Sus nutridos departamentos de comunicación, bregados en la polémica, empiezan a concretar sus estrategias. Como explican fuentes cercanas al Gobierno, las empresas energéticas, cuya colaboración para esclarecer la caída es esencial, tienen diferentes intereses. Cada cual tiene su sesgo, relacionado con su cuenta de resultados. Cada una barre para su casa. Para algunas el problema son las nucleares; para otras, las renovables; hay quien subraya la falta de interconexiones con Francia. Sánchez vuelve a informar públicamente a las 23:00 del lunes. A esa hora, la luz ha vuelto a buena parte del territorio; la normalización va llegando, pero la inquietud se mantiene. El transporte ferroviario sigue muy tocado. Miles de personas hacen noche en las estaciones de ferrocarril. Las tiendas han agotado pilas, transistores y baterías para teléfonos móviles que, en su mayoría, aún no tienen cobertura.
Los ministerios preparan el Consejo de Ministros del martes 29. A las 6:00 de la mañana de ese día, el abastecimiento se ha recuperado en un 99%. El Consejo de Seguridad Nacional, reunido a las nueve en el Palacio de la Moncloa y presidido por el Rey, recibe esa información con alivio. Se anuncia la creación de una comisión de investigación con participación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y organismos de ciberseguridad. La presión sobre las áreas de seguridad se alivia. Prieto (REE) vuelve a comparecer a media mañana y descarta que REE haya sufrido un ataque cibernético. Poco después, un Pedro Sánchez serio, en tono grave y contundente, explica ante los medios su intención de llegar hasta el final en la investigación y de “exigir responsabilidades”, si las hubiera, “a los operadores privados” por el apagón. Tal y como lo expone Sánchez, REE ―cuyo principal accionista es el sector público, SEPI, con un 20%― entra en el perímetro empresarial al que exigir cuentas. Así lo expone en la reunión con las empresas que convoca esa tarde, en un tono cordial pero a la vez apretando en busca de inversión y compromiso.
En el sector renovable, consciente de que está en el punto de mira como potencial responsable del desastre, también hay una catarata de reuniones. El director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, mantiene un encuentro con responsables de pequeñas y medianas empresas. UNEF concluye que su producción en el día crítico se ajustó a lo fijado por el gestor de la red. Nada fuera de lo común. La conclusión coincide con la tesis del expresidente de la Comisión para la Transición Energética, Jorge Sanz, sobre el incidente.
Planificación arriesgada
“No sé lo que ha pasado, pero hay una explicación al 99%” explica. Sanz, exdirector de Política Energética allá por 2017, cree que Red Eléctrica programó el lunes 28 una combinación de tecnologías de generación arriesgada: el mix incluía 18GW de renovables, (inestables, potencia no firme en el argot) sobre todo solares, y escasa generación de gas (1,6 GW) y de agua (3,5 GW), que sí aportan estabilidad a la red. El resultado fue un sistema descompensado que, con sólo dos reactores nucleares de los siete en activo (Ascó II y Vandellós II) por decisión de las empresas propietarias dado el bajo umbral de precios (10,98 euros/MWh de media el domingo 27). Por eso el sistema perdió pie de forma brusca, según Sanz, que vislumbra un posible error de gestión inexplicable en REE, cuya eficacia ha estado siempre fuera de toda duda. Al día siguiente, martes 29, siempre según Sanz, sin cambios significativos en la demanda eléctrica o la meteorología, REE cambió el mix: “El doble de agua, la mitad de solar y cinco veces más gas” explica. La prueba del nueve del posible error.
Jorge Morales de Labra, director de la compañía Próxima Energía, con décadas de experiencia en el sector energético, es cauto. En su opinión, un apagón como el sufrido el lunes “no puede ser debido a un fallo simple; tiene que haber al menos dos causas”. Morales de Labra augura meses de investigación sobre un océano de datos para dar con las causas del gran apagón; la misma sensación tienen las fuentes consultadas en el Ejecutivo, que ha encargado un informe a Bruselas que no llegará hasta septiembre. La obsesión, tanto en la política como en el sector, es escudriñar los hechos hasta acorralar la verdad. Una fuente familiarizada con las investigaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en el sector energético, que reclama anonimato, enumera lo que se sabe para avanzar hacia lo que no está probado. “Si no es un ataque cibernético [REE lo descartó al día siguiente]; si no se ha incendiado una subestación ni se ha caído una línea de transmisión; si la generación disponible era más que suficiente y la demanda era normal, el problema apunta a una operación del sistema”. En principio, es algo inverosímil. “Algo semejante” señala la misma fuente “a fallar un gol a portería vacía”. Eso parecía hasta esta semana impensable en REE, un gestor de prestigio bien ganado cuya presidenta, Beatriz Corredor, defiende la acción de la empresa y se resiste a dimitir. Su futuro, aseguran fuentes cercanas al Gobierno, depende del resultado de la investigación. Caerá si se prueba que REE tuvo la culpa.
La ausencia de certezas sobre la causa última del apagón ensancha el hueco por el que se cuelan los discursos oportunistas para denostar la transición energética y defender las tecnologías convencionales, en particular las térmicas y nucleares. La guerra cultural ha empezado. Esa presión hizo saltar al presidente del Gobierno: “Con mayor dependencia nuclear la recuperación no habría sido tan rápida, habría sido mucho más lenta” concluyó en una de las comparecencias con preguntas de esta crisis. De momento, se mantiene el calendario de cierre nuclear acordado por Teresa Ribera y las grandes eléctricas en 2019. El Gobierno, presionado por alguna de las compañías y por el PP, rechaza las peticiones del sector para rebajar impuestos (las tasas que pagan a la empresa pública Enresa para gestionar la basura radioactiva) y asegurar tarifas que respalden su rentabilidad. El Gobierno no es antinuclear, aseguran fuentes próximas al Ejecutivo. Y si se concluye que el sistema necesita reformas ―y nucleares abiertas― para asegurar su seguridad, actuará en consecuencia, pero eso está por ver.
Se avecina una guerra legal
Las espadas están en el aire. Hay mucho dinero en juego. Las indemnizaciones van a ser millonarias y, en buena medida, dependerán de que se aclaren las causas y las responsabilidades en el desplome. En el Gobierno se da por hecho que, inevitablemente, el análisis de las empresas va a ser sesgado: se juegan los resultados del año. De ahí que el Ejecutivo haya implicado a Bruselas en el análisis de lo sucedido. Las fuentes al tanto de los contactos entre el Gobierno y las empresas aseguran que, pese al tono duro de Sánchez, las relaciones con las compañías han sido cordiales. Todas, aseguran las fuentes consultadas en La Moncloa y entre las grandes empresas, quieren mantener el sistema y mejorarlo. Pero el hueso empresarial eléctrico es duro de roer. Las grandes compañías disponen de buenos y bien pagados equipos de abogados siempre prestos a la batalla. El ministro de Energía con el PP (2018) Álvaro Nadal, relató ―y criticó― públicamente cómo se las gasta el club del kilovatio. “Desde que se estaba secando la tinta en el BOE de la reforma energética”, dijo Nadal, “se ha recurrido todo. Todas las normas son recurridas buscando el afán legítimo del regulado de rascar hasta el último euro. No puede ser que todos los bonos sociales, las leyes energéticas, los reales decretos se recurran. No ocurre en ningún otro sector. No es normal esta situación en que se recurre todo con la idea de a ver qué cae”.
La CNMC también es consciente de la destreza del sector a la hora de manejar el escudo legal. Desde el año 2013, el supervisor de los mercados ha abierto expedientes sancionadores por manipulación del mercado mayorista eléctrico a todo el pódium del sector ―Iberdrola, Endesa y Naturgy, que sumaron casi 10.000 millones de beneficios el año pasado― e incluso a alguna compañía más pequeña, caso de Viesgo en 2018. Esos expedientes no prosperaron o acabaron en multas, algunas abultadas pero después rebajadas en los tribunales tras los oportunos recursos. Las sombras de manipulación en el año 2013 llevaron al Gobierno, entonces del PP, a cambiar todo el sistema de fijación de precios por subastas para evitar que la luz subiera de golpe casi el 11%, en lo que se llamó el tarifazo. Sánchez conoce el paño: tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania los informativos de televisión abrían con las tarifas energéticas en máximos, como ya sucedió 10 años antes con las primas de riesgo de la deuda. Un alto cargo socialista que formó parte del equipo de José Luis Rodríguez Zapatero explicó hace años a un diputado de a pie ―extrañado de que se invitara regularmente a debates a representantes de una de las grandes compañías energéticas del país― el por qué de la frecuencia de esas citas: “Hay empresas con poder para cambiar Gobiernos”.
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