“¡Ojo!, con una estructura de partido será diferente, no te quepa duda”. Alvise Pérez, el activista ultra que dio la sorpresa en las últimas elecciones europeas, cosechando 800.000 votos y tres escaños, intentó tranquilizar a los asistentes al acto público que celebró el pasado 13 de abril en un restaurante de Palma de Mallorca. Ante quienes le interpelaban sobre por qué Diego Solier y Nuria Junco, los otros dos eurodiputados elegidos en junio del año pasado en la lista de Se Acabó la Fiesta (SALF), habían votado a favor del plan de rearme de la Comisión Europea, insinuó que probablemente los había sobornado el “lobby armamentista”. Tras excusarse alegando que él no podía hacer nada, porque lo que encabezó fue una agrupación de electores y no un partido político, animó a sus seguidores a tomarse la justicia por su mano. “La fuerza la tenéis vosotros. Ved quienes son, perseguidles y pedidles explicaciones”, les dijo. “Si tú nos fallas”, enfatizó, dirigiéndose al supuesto traidor, “nosotros no somos el PSOE, el PP o Vox, las ardillas [como denomina a los miembros de su comunidad] respetamos a las ardillas, pero no a las que se disfrazan de ardillas y son lobos. Nosotros vamos a ir a por ti directamente, te apisonaremos la cabeza”.
El pasado martes, Solier y Junco consumaron la ruptura con su antiguo líder, a quien acusaron de recurrir a “ataques personales, amenazas públicas y privadas y campañas de desinformación”, propias del “matonismo”, para forzarlos a renunciar a su escaño. Según fuentes parlamentarias, Solier ha presentado una denuncia contra Alvise en un cuartel de la Guardia Civil de Valencia en la que le hace responsable de la catarata de insultos y amenazas que ha sufrido después de que les señalara públicamente, a él y a su compañera.
El activista ultra nunca ocultó que su objetivo al presentarse al Parlamento europeo era blindarse judicialmente de las denuncias por los múltiples bulos y difamaciones que esparce a través de las redes sociales. Hasta ahora, solo ha logrado ralentizarlas y derivar las causas penales al Supremo, ante el que está aforado.
El pasado 28 de abril, un juzgado de Madrid condenó a Alvise a pagar 20.000 euros a José Luis Ábalos por difundir una foto privada y anodina del exministro en una cafetería, junto a un comentario insultante. En marzo pasado, otro juzgado madrileño ya le había impuesto 60.000 euros por publicar otra imagen del mismo Ábalos en la terraza de su casa sugiriendo que sufría problemas de salud mental.
Solo dos días después, el 30 de abril, la sala de lo Penal del Supremo acordó encausar a Alvise Pérez por el acoso a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. El auto describe una técnica similar a la denunciada por el eurodiputado Solier. En enero pasado, el agitador ultra publicó una foto de la fiscal en su canal de Telegram, acusándola de querer encarcelar “a quien tuitee las palabras inmigración e invasión juntas”, lo que provocó más de 1.500 comentarios con insultos y amenazas contra Gisbert, tales como “atacar su casa, hacerle la vida imposible” o agredirla “en presencia de su familia”. “Ahora las perseguidas son ellas”, se ufanó pocos días después el agitador ultra, mostrando una foto de la fiscal con una periodista.
El pasado martes, el magistrado del Supremo Javier Hernández abrió diligencias contra Alvise por difundir un test manipulado de la covid del actual presidente de la Generalitat y entonces candidato socialista, Salvador Illa, durante la campaña electoral catalana de 2021. El magistrado le ha dado cinco días de plazo para que diga si quiere declarar voluntariamente, pero ya ha iniciado los trámites para pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo.
La causa por el falso positivo de Illa no es la más grave que instruye el Supremo contra Alvise. La Sala de lo Penal acordó el 9 de abril abrir diligencias para imputarle a él y al empresario de criptomonedas Álvaro Rosillo, quien confesó que le había entregado 100.000 euros en dinero negro para financiar su campaña electoral.
Los problemas judiciales de Alvise fueron el motivo esgrimido por Reformistas y Conservadores Europeos (ECR), el grupo de la Eurocámara liderado por Fratelli d’ Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, para negarle la entrada en diciembre pasado y admitir, en cambio, a Solier y Junco. Aunque el excluido lo presentó entonces como una demora temporal, el portazo es ya definitivo. Sin posibilidad de entrar tampoco en Patriots, el grupo de Orbán y Le Pen donde se ha acomodado Vox tras dejar plantado a ECR, solo le queda llamar a la puerta de los Soberanistas, que lidera Alternativa por Alemania, o quedarse a la intemperie el resto de la legislatura.
A la espera de que se le levante la inmunidad, la Eurocámara ya le ha multado con dos días de dieta (700 euros) por ocultar sus ingresos previos a la toma de posesión del escaño. En el acto de Mallorca en el que acusó a sus dos excompañeros, Alvise aseguró que el Parlamento Europeo había “certificado” que él no cometió “ninguna ilegalidad” al recibir 100.000 euros en dinero negro. En realidad, el comité que examina la ética de los eurodiputados se limitó a señalar que, con la información disponible en enero pasado, no tenía “evidencias concluyentes de soborno, corrupción o influencia indebida”.
El pasado 31 de enero SALF quedó inscrito en el registro de partidos políticos, por lo que ya no necesitará las 15.000 firmas que tuvo que recolectar para presentarse a las elecciones europeas.
La gestora la forman el propio Alvise y dos empresarios, Ángel Román Martín Elvira y Pablo Sartorius Lavalle-Cobo, sobrino del histórico dirigente comunista Nicolás Sartorius y esposo de una nieta de Ramón Serrano Suñer, que ya fue candidato de SALF en junio de 2024. Los estatutos del nuevo partido atribuyen un poder omnímodo al presidente —previsiblemente, Alvise—, quien tendrá manos libres para nombrar y cesar a los miembros de la dirección. Otro artículo de los mismos estatutos advierte de que no podrán formar parte de las listas electorales de SALF quienes, en el momento de presentarse la candidatura, se encuentren “acusados por el Ministerio Fiscal por un delito de corrupción”; aunque se ha añadido oportunamente, tal vez pensando en su propio líder, que la Ejecutiva “podrá, previo estudio del caso y de forma motivada, permitir su candidatura”.
Alvise ha ofrecido al seudoperiodista Vito Quiles encabezar la lista de su partido por Alicante y, en un golpe de efecto, se ha mostrado dispuesto a ceder el liderazgo a Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz de Vox en el Congreso. Este último no se ha dado por aludido y apuesta por su propio proyecto, plasmado en el libro España tiene futuro, que la semana próxima presenta en Madrid junto a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, una nota suelta en la partitura del PP. En Vox no ocultan que a Abascal le preocupan mucho más los planes de quien fue su diputado más brillante que los de un influencer al que vaticinan un éxito tan rutilante como fugaz.
Según las encuestas, el globo de Alvise se desinfla. El último barómetro de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, publicado el pasado lunes, le atribuye el 2,1% de los sufragios, menos de la mitad de los que tuvo en las elecciones europeas. Él resta crédito a los sondeos y alega que sus seguidores engañan a los encuestadores para esconder sus preferencias. De ser así, esa ocultación ya existiría en septiembre del año pasado, cuando el mismo barómetro le atribuía el 4,7%. Por debajo del listón del 3% por circunscripción, los votos van directos a la papelera. Tras haber logrado tres escaños sin partido, Alvise puede quedarse con partido y sin escaños.
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