Necesitamos culpables. Socialmente, los necesitamos para sentir que nuestras demandas de justicia son atendidas y desde el gobierno los necesitan para justificar los gastos en seguridad y presumir resultados.
Sin embargo, históricamente el Estado Mexicano ha sido muy ineficaz en procesar denuncias, investigar delitos, obtener pruebas para acusar a los presuntos responsables, judicializarlos y sentenciarlos. ¿Cómo entonces conseguir culpables? El método para lograrlo ha sido y sigue siendo la tortura.
Confesiones y testimonios que se obtienen mediante abusos físicos, psicológicos y amenazas, sustentan incontables sentencias condenatorias, normalmente de personas pobres.
El Comité contra la Tortura de la ONU ha sido claro en señalar que en México la tortura sigue siendo utilizada como método de investigación criminal y que los jueces siguen admitiendo pruebas obtenidas bajo tortura.
La información que aportan las autoridades confirman que es a todas luces tolerada.
Los datos disponibles más recientes son de 2022, año en el que se registraron 6.226 carpetas de investigación de las cuales únicamente 82 fueron judicializadas. Esto representa apenas el 1,31% del total de casos denunciados.
El cumplimiento a la Ley General Contra la Tortura ha sido una simulación, requisitos que se “cumplen” solo para la foto. Por ejemplo: la ley establece que en todos los estados de la República debe haber fiscalías especializadas. Sin embargo, aunque se han instalado en 28 estados, la existencia de dichas fiscalías no ha garantizado un mayor número de casos judicializados y lo que es más grave, el 81% de las víctimas no accedieron a peritajes médicos ni psicológicos.
La tortura es una herramienta cruel, pero necesaria para quienes están interesados en crear una la falsa percepción de justicia. Uno de los casos más emblemáticos es el de Juana Hilda González Lomelí, ligada al “Caso Wallace” que vuelve a estar en el ojo público con la reciente publicación del libro Fabricación de Ricardo Raphael, en el que precisamente detalla cómo en nuestro país se resuelven casos penales sembrando culpables.
Los hechos son que Juana Hilda fue sentenciada a 78 años de prisión por secuestro, delincuencia organizada y portación de armas. Ella sostiene que su confesión fue obtenida bajo tortura sexual y psicológica durante su detención en las instalaciones de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). La revisión del caso está en la Suprema Corte de Justicia. Lleva casi 20 años insistiendo en que es víctima de tortura y sigue esperando tras las rejas.
Le quedan pocos días a esta integración de la Corte. El Ministro ponente Alfredo Gutiérrez Órtiz Mena tiene el tiempo contado para convocar a la Primera Sala y resolver, al menos, este caso emblemático. Si quieren dejar un último legado a la justicia, que sea su criterio claro contra la tortura.
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