En octubre de 2019, cuando ocurrió el primer Culiacanazo, Sinaloa contaba con 730 policías estatales. El golpe fue tan duro, que desde el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), un órgano ciudadano, se creó la “Agenda para la No Repetición”, un plan para que los sinaloenses no volviéramos a vivir un día así nunca más. El plan incluía una obviedad: construir una policía capaz y suficiente.

No salió bien, de hecho salió bastante mal: repetimos el Culiacanazo, pero a escala estatal en enero del 2023, cuando capturaron a Ovidio en Jesús María y, para septiembre de 2024, cuando detonó la guerra frontal entre los Guzmán y los Zambada, Sinaloa tenía apenas unos mil policías estatales.

A los sinaloenses la guerra nos agarró bichis, por eso la respuesta inmediata del Gobierno Federal a la emergencia violenta fue enviar soldados por centenas. Para el 14 de noviembre de 2024 ya había en Sinaloa 11.000 militares. De la nada, calles y carreteras del estado se llenaron de puestos, retenes y convoyes camuflados. Cada vez que la violencia nos asalta, hemos hecho exactamente lo mismo.

Desde entonces, prácticamente todos los enfrentamientos, aseguramientos y detenciones relevantes que han ocurrido en el marco de la disputa entre las facciones han sido dirigidos y ejecutados por fuerzas federales. La razón es que no tenemos policías para dar esa pelea.

En Sinaloa la cantidad de policías estatales es ínfima. Tenemos una tasa de 0,33 policías por cada 1.000 habitantes, muy, pero muy lejos del estándar internacional de tres que recomienda la ONU. En esa métrica, Yucatán tiene cuatro veces más policías que Sinaloa y la Ciudad de México 12.

Han pasado más de 8 meses de esta guerra que nos ha dejado, en números gruesos, 5 mil autos robados, 1.500 personas privadas de la libertad, 1.300 homicidios y 1.174 familias desplazadas por la violencia. Los delitos patrimoniales del fuero común, que son los que la policía debería estar previniendo y conteniendo, se ubican en tasas inaceptables.

Estoy casi seguro que la cifra de policías no ha cambiado mucho en estos 8 meses, según nuestro registro periodístico, la Universidad de la Policía de Sinaloa (Unipol) graduó 520 elementos en 2024, pero la mayor parte de esos elementos fueron a las filas de las policías municipales. Tampoco sé, porque no lo informan, cuántos militares hay todavía en el estado, pero en la vía pública su presencia se ha reducido visiblemente.

Lo que sí sé es que ya llevamos tres meses con resultados de homicidios al alza, y que mayo promedia 6,2 asesinatos diarios, por lo que estamos otra vez en niveles de violencia letal similares a octubre del año pasado, cuando la guerra comenzó. También, en las tres últimas semanas volvieron los enfrentamientos en zonas rurales y los bloqueos carreteros. Cuesta aceptarlo, porque uno quisiera ver algún progreso, pero los datos enseñan que, por más detenidos y decomisos que nos boletinan a diario, la estrategia de seguridad que se ejecuta no alcanza para que vivamos en paz.

Además, nuestra policía, lejos de ser una fortaleza, se ha convertido en una debilidad de la cadena de seguridad: ya van 40 agentes de seguridad asesinados entre policías estatales, municipales y agentes de tránsito y elementos de la Fiscalía estatal.

He insistido en la urgente necesidad de construir policías en otros textos y los comentarios que recibo es que no necesitamos más policías porque los que hay son corruptos, ineptos o están cooptados por el crimen organizado. Entiendo la frustración y el hartazgo en contra de una institución con tan mermada reputación, pero lo cierto es que no hay manera de desarrollar comunidades pacíficas sin policías suficientes y capaces. No se puede.

Pensar que solo con el ejército (porque la Guardia Nacional es EL ejército) podemos construir y desplegar una estrategia de seguridad ciudadana sustentable es una falacia.

Por eso tenemos que empujar una discusión urgente a nivel estatal sobre cómo implementar una política pública para incrementar la cantidad y calidad de policías que tenemos en Sinaloa.

El espacio obligado para eso es el Congreso del Estado, pero la mayoría morenista está más enfocada en castigar el “halconeo” y a los “punteros” (hasta tenemos un flamante primer detenido), que en ver cómo se reducen de manera estructural las violencias patrimoniales y letales que nos asuelan todos los días.

En diciembre pasado, los diputados aprobaron un presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública, 13,65% mayor que el de 2024. Cuando los diputados aprobaron eso, los homicidios habían crecido cuatro veces, las desapariciones tres tantos y el robo de auto igual. Claramente, el tamaño de la asignación de los recursos no estuvo a la altura de las necesidades.

Pasado más de un tercio del año, la suma de homicidios, desapariciones, robo de vehículos, robos a comercio, desplazamientos, incendios provocados, ataques a inmuebles y uso de explosivos, harán de este 2025 el año más violento en la historia de Sinaloa. No exagero, es lo que estamos viviendo.

Pero mientras que la estrategia de seguridad se dirige desde los cuarteles militares, en lo local hemos sido incapaces de proponer un camino para construir las instituciones civiles de seguridad y justicia que necesitamos, ya no digo para que esta guerra acabe, sino para que no se repita.



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