El Gobierno de Donald Trump ha llegado a un acuerdo con el fabricante de aviones Boeing que permitirá al gigante aeronáutico evitar ser procesado por presuntamente engañar a las autoridades reguladoras estadounidenses sobre el avión 737 Max antes de que dos de estos aparatos se estrellaran y causaran la muerte de 346 personas, según ha anunciado el Departamento de Justicia y consta en los documentos judiciales del caso.
Los fiscales notificaron este viernes al tribunal habían llegado a un “acuerdo de principio” con Boeing sobre los términos de un acuerdo de no enjuiciamiento. “Las partes están procediendo con celeridad para plasmar los términos en un acuerdo escrito. Una vez que el acuerdo se haya finalizado y firmado, el Gobierno presentará sin demora, con el consentimiento de Boeing, una moción para desestimar sin perjuicio” el caso, ha comunicado el Departamento de Justicia, que prevé presentar la moción a más tardar el 30 de mayo de 2025.
En virtud del acuerdo, que debe ser aprobado por el juez, Boeing pagaría e invertiría más de 1.100 millones de dólares, incluida una multa de 487,2 millones de dólares (de la que la compañía ya ha desembolsado 243,6 millones como parte de un acuerdo previo), 445 millones adicionales para las familias de las víctimas del accidente (que se suman a un fondo de 500 millones de dólares establecido previamente para compensar a los herederos, familiares y beneficiarios legales de los 346 pasajeros que murieron en los accidentes) y 455 millones para reforzar los programas de cumplimiento normativo, seguridad y control de calidad de la compañía. Además, el consejo de administración de Boeing tendrá que reunirse con los familiares de los fallecidos en los accidentes del Max
Boeing admitirá haber conspirado para obstruir e impedir el funcionamiento legal del Grupo de Evaluación de Aeronaves de la Administración Federal de Aviación (FAA). El acuerdo no proporcionará protección contra el enjuiciamiento por cualquier otra conducta indebida. A cambio, el Departamento de Justicia ha acordado retirar los cargos de fraude contra Boeing, lo que permite al fabricante evitar una posible condena penal que podría haber puesto en peligro su condición de contratista federal.
Además de las inversiones financieras en cumplimiento, seguridad y calidad, Boeing deberá seguir mejorando la eficacia de su programa de cumplimiento y ética contra el fraude, y mantener un consultor independiente en materia de cumplimiento facultado para formular recomendaciones de mejora y obligado a informar directamente al Gobierno de sus conclusiones, según los documentos judiciales.
“En última instancia, al aplicar los hechos, la ley y la política del Departamento, estamos seguros de que esta resolución es el resultado más justo y con beneficios prácticos”, afirmó un portavoz del Departamento de Justicia en un comunicado citado por la agencia AP. “Nada podrá paliar las pérdidas de las víctimas, pero esta resolución hace que Boeing se responsabilice financieramente, proporciona una resolución definitiva y una indemnización a las familias y tiene un impacto en la seguridad de los futuros viajeros aéreos”, añadió.
Boeing ya llegó a un primer acuerdo en 2021 por el que acordó pagar un total de más de 2.500 millones de dólares. En esa cifra se incluía esa primera sanción monetaria penal de 243,6 millones de dólares, más pagos de compensación a las aerolíneas de 1.770 millones de dólares, y el establecimiento de un fondo de 500 millones de dólares para compensar a los herederos, familiares y beneficiarios legales de los 346 pasajeros que murieron en los accidentes.
El Departamento de Justicia consideraba que la compañía incumplió otros compromisos asumidos en aquel acuerdo y por ello inició un nuevo caso penal. En ese nuevo caso, que es el que ahora está a punto de cerrarse, Boeing acordó el pasado mes de julio declararse culpable de un delito grave de fraude en lugar de enfrentarse a un juicio público que podría prolongarse durante mucho tiempo. Sin embargo, en diciembre, el juez federal Reed O’Connor, de Fort Worth, rechazó el acuerdo judicial.
En marzo, O’Connor ordenó a Boeing que se sometiera a juicio en junio un día después de que el Wall Street Journal informara de que Boeing estaba buscando la indulgencia del Departamento de Justicia y tratando de evitar una acusación penal, como ha ocurrido.
Boeing también aceptó pagar una multa de 200 millones de dólares a la Comisión de Valores y Bolsa (la SEC, por sus siglas en inglés). La compañía y su antiguo consejero delegado Dennis A. Muilenburg aseguraron en público que el 737 Max era “tan seguro como cualquier avión que haya surcado los cielos” pese a que ya sabían que algo fallaba. La SEC concluyó que engañaron a los inversores y les impuso esa una multa de 200 millones de dólares a la compañía y otra de un millón al directivo, según anunció el organismo supervisor en septiembre de 2022. Ese dinero no iba paralas víctimas sino para los inversores.
Un mes después de que el vuelo 610 de Lion Air, un avión 737 Max, se estrellara en Indonesia en octubre de 2018, 13 minutos después del despegue, dejando 189 víctimas mortales entre pasajeros y tripulantes, Boeing emitió un comunicado que sugería que el error del piloto y el mal mantenimiento de la aeronave contribuyeron al accidente. La compañía dio garantías de la seguridad del avión, sin revelar que una revisión interna de seguridad había determinado que el MCAS, una función de control de vuelo que actúa como estabilizador automático del avión, planteaba un problema de seguridad y que Boeing ya había comenzado a rediseñar ese sistema para corregirlo.
Los 737 Max siguieron volando. El 10 de marzo de 2019, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines, operado por otro avión del mismo modelo, se estrelló también poco después del despegue matando a 157 personas. Los datos revelaron enseguida similitudes entre los dos accidentes. El mal funcionamiento del MCAS impedía a los pilotos hacerse con el control del avión. Los reguladores internacionales de la aviación decidieron inmovilizar toda la flota de 737 Max. Los 737 Max tardaron 20 meses en volver a volar desde que se les retiraron las licencias.
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