Los grupos parlamentarios de PP y Vox han pactado en la comisión de Economía y Hacienda de las Cortes Valencianas que debate el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2025 varias enmiendas que recortan las ayudas a la patronal valenciana CEV en 100.000 euros (que se suman a un recorte previo de 25.000 euros) y rebajan en otros 200.000 euros las aportaciones al sindicato CC OO-PV. Estos 300.000 euros se redirigirán a los autónomos y pymes afectadas por la dana del 29 de octubre. UGT-PV perderá otros 200.000 euros en concepto de diferentes programas, que va a parar a un instituto de secundaria de Benicarló.
Ambas formaciones han recortado además las ayudas a las asociaciones de memoria histórica que colaboran en la investigación y exhumación de fosas comunes durante la Guerra Civil y el franquismo pero han sacado adelante una nueva aportación de 30.000 euros para que el Arzobispado de Orihuela-Alicante restaure elementos al amparo de la ley de Concordia, que aprobaron los dos grupos cuando gobernaban juntos y que evita referirse al golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil española.
Los cambios pactados en pleno debate presupuestario no acaban ahí. PP y Vox han aprobado cambios de denominaciones en los que borran el concepto de cambio climático y renombran como cambio meteorológico o resiliencia del territorio. En este sentido, uno de los ejemplos más palmarios ha sido la enmienda del grupo ultra que proponía denominar la Cátedra entre la Generalitat y la Universitat Politècnica de València (UPV) de Cambio Climático por la de Ingeniería Ambiental, que finalmente han apoyado los populares.
Los parlamentarios han introducido igualmente cambios a los capítulos y programas relacionados con la memoria democrática tras la aprobación por parte de PP y Vox de la ley de Concordia, recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. En una de las líneas dedicadas a la promoción y difusión de actuaciones de reparación de la violencia social y política, de la que eran beneficiarias cuatro universidades a razón de 25.000 euros cada una: CEU-Cardenal Herrera, Universidad Católica de Valencia, Universitat de València (UV) y Universidad Miguel Hernández, se ha sacado de la lista de beneficiarios a la UV, cuya partida original se ha redistribuido entre las otras tres.
PP y Vox también han acordado en una enmienda transaccional la reducción de 30.000 euros la subvención a la Cátedra de Derecho Foral Valenciano y Desarrollo Estatutario de la Universitat de València y en su lugar ha creado una nueva línea de promoción de la concordia cuyo beneficiario es el Arzobispado de Orihuela-Alicante, con el objetivo de restaurar elementos al amparo de la ley de Concordia. “Levantaremos cada cruz que se haya derribado”, ha dicho una parlamentaria de Vox en alusión a la retirada de vestigios del franquismo que se llevó a cabo al amparo de la anterior ley de Memoria Democrática que firmó el Consell del Botànic.
En el debate, la socialista Mercedes Caballero ha denunciado que se dé esta subvención a un arzobispo que se ha mostrado “a favor de las terapias de conversión”, que incitó “a la gente a manifestarse contra el presidente del Gobierno por la resignificación de Cuelgamuros” y que “prohíbe que los presidentes de las cofradías sean hombres casados por lo civil”.
Desde Vox, la diputada Teresa Ramírez ha dicho que “hay signos que hay que mantener y recuperarse porque son parte de la memoria histórica”; ha señalado que con eso no están “ofendiendo a nadie” y ha indicado que en una guerra “hay partes que salen beneficiadas y otras perjudicadas” y lo que no se puede es “excluir a unos para incluir a otros y beneficiarlos”.
La portavoz adjunta del PP Laura Chulià ha señalado que el arzobispo de Orihuela ha hecho declaraciones polémicas sobre todos, también sobre el Consell de Carlos Mazón, por lo que no serán en el PP “sospechosos de querer beneficiarlo en algo en concreto”. En todo caso, ha reprochado a los socialistas que con sus más de 50 enmiendas sobre memoria democrática hayan tratado de “derogar por la puerta de atrás” la ley de Concordia “por una cuestión de ideología” y porque “no les gusta”.
Para el síndic de Compromís, Joan Baldoví, queda claro que quien está gobernando en la Comunidad Valenciana es Vox, pues está “imponiendo en estos presupuestos toda su agenda a un presidente débil que necesita agachar la cabeza y decir que si a todo lo que plantea la extrema derecha”.
Mercedes Caballero ha criticado también que el PP haya ejercido el turno en contra de las enmiendas de Vox en la sección de Justicia, pero luego las haya votado todas a favor, incluso algunas con las que han dicho no estar de acuerdo.
Otras de las enmiendas transaccionales que han rubricado PP y Vox suprimen tres millones de euros destinados a entidades locales para el fomento de la recogida separada de biorresiduos, retiran las subvenciones a la lectura a las fundaciones Full y Bromera (130.000 euros) y se redirigen a entidades locales y asociaciones culturales en concurrencia competitiva; o se aprueban 200.000 euros a estudios para impulsar las centrales nucleares.
Reacción de la patronal
La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha afirmado que los recortes a las subvenciones a los sindicatos y la patronal pactadas por el PP y Vox para los Presupuestos de la Generalitat de 2025 no son solo una cuestión económica: “Inquieta la ausencia de un respaldo claro al modelo de diálogo social”.
“Nuestra participación institucional no es discrecional ni subvencionada, sino reconocida por ley. La dotación presupuestaria destinada a esa participación no es un privilegio, sino una compensación justa por una labor que implica presencia activa en más de un centenar de órganos y mesas de trabajo en los que se construyen muchas de las decisiones públicas que afectan a empresas, trabajadores y ciudadanía en general”, asegura.
La CEV dice entender la situación extraordinaria y comparte la necesidad de destinar recursos a las zonas afectadas por la dana. “Si ese es el criterio prioritario, nos parece razonable, siempre y cuando se aplique con coherencia, transparencia y equidad a todas las partidas presupuestarias”, según la patronal, que estará “especialmente atenta a que así sea”.
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