En Perú existe un grupo de víctimas del régimen de Alberto Fujimori que fue excluido de la posibilidad de obtener justicia. Se trata de miles de mujeres indígenas y campesinas a las que, durante ese tiempo, les vulneraron su autonomía reproductiva con una atroz política de Estado para esterilizarlas de manera forzada. Una de esas historias es la de Celia Ramos, quien murió debido a esa política. Quiero contarles cómo es que, luego de tres décadas, el caso de Celia ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y puede abrir un camino de justicia al establecer medidas de reparación, de no repetición y de carácter estructural, si se reconoce que fue víctima de violencia reproductiva.
En julio de 1997, Celia Ramos, una mujer peruana de 34 años, acudió al puesto de salud más cercano a su hogar en una zona rural a más de 1.100 kilómetros de Lima. Desde entonces, el personal de salud la presionó para que se sometiera a una esterilización quirúrgica y le brindó información falsa. La insistencia no terminó en la consulta, el personal de salud la visitó en su casa varias veces hasta que ella aceptó sin que se cumplieran las cuatro condiciones necesarias para el consentimiento válido: que fuera previo, pleno, libre e informado.
El día que Celia fue sometida a tal operación sin el mencionado consentimiento, otras 14 mujeres también estaban pasando por el mismo procedimiento en un puesto médico sin los equipos ni las condiciones para realizar cirugías seguras. Celia sufrió un paro respiratorio durante la operación. La falta de tanques de oxígeno, medicamentos adecuados, entre otros, impidieron una respuesta médica oportuna. Cuando finalmente la trasladaron a una unidad de cuidados intensivos, ya estaba en un coma que duró 19 días hasta su muerte el 22 de julio de 1997. Su familia nunca recibió información clara sobre su estado de salud.
Estas esterilizaciones forzadas se realizaron bajo el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) entre 1996 y 2000, mientras Fujimori ocupaba el poder. Fue un programa que se caracterizó por publicidad manipuladora dirigida a un grupo específico de mujeres en condiciones de vulnerabilidad, fue regido por cuotas de captación impuestas al personal de salud, y era ejecutado en condiciones médicas muy precarias e inseguras. Su implementación contó con el soporte logístico, visible y presencial del cuerpo militar justo en un periodo en el que dicha presencia estaba ligada a violaciones graves y masivas de derechos humanos.
Lo que hace particularmente atroz esta política es su carácter discriminatorio. No era un programa de planificación familiar mal ejecutado, sino una estrategia deliberada dirigida contra mujeres empobrecidas, de zonas rurales e indígenas. Las cifras son estremecedoras: al menos 346.000 mujeres fueron sometidas a ligaduras de trompas en ese periodo y, según datos del propio Ministerio de Salud de Perú, en más de la mitad de los casos el consentimiento previo fue inexistente o incompleto. El Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) ha acreditado a cerca de 6.900 mujeres, la mayoría proveniente de los departamentos más empobrecidos del país.
A pesar de la magnitud de estas violaciones de derechos humanos, las víctimas de esterilizaciones forzadas fueron excluidas del proceso de justicia transicional para superar el conflicto armado peruano. Incluso hoy, Perú carece de un programa integral que garantice la reparación a estas víctimas. Aunque el REVIESFO fue creado en 2015, lo cierto es que tiene limitaciones significativas: no proporciona reparaciones a familiares de víctimas fallecidas y centraliza los registros en zonas urbanas, lejos de las comunidades más afectadas. Desde hace varias décadas, DEMUS–Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer ha denunciado la falta de reparación integral en estos casos.
Los horrores que Celia sufrió en carne propia, y miles de mujeres más, constituyen violencia reproductiva por parte del Estado peruano. Esta violencia es toda acción que restringe y viola la autonomía reproductiva de las personas, es decir, la potestad de cada persona de decidir sobre si tener hijos o no y en qué momento. Esto incluye brindar información falsa o errónea, o también negarla; de igual manera, impedir el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva o la imposición de un procedimiento sin consentimiento. En suma, las esterilizaciones forzadas son una forma de violencia reproductiva porque anulan la libertad de elegir de sus víctimas y la reemplaza por disposiciones del poder estatal.
Ahora, la Corte IDH tiene una oportunidad única e histórica al analizar el caso de Celia como el primero sobre esterilizaciones forzadas en Perú que llega a su estrado. Junto a DEMUS, el Centro de Derechos Reproductivos y CEJIL, acompañamos a las hijas de Celia para obtener la justicia que se les negó en el sistema jurídico peruano luego de denuncias y procesos que les revictimizaron. Así que la Corte IDH puede, por fin, abrir el camino de la justicia para esta familia y también para las miles de víctimas del PNSRPF. Para ello es clave que la Corte reconozca la violencia reproductiva como una forma de violencia de género que vulnera la autonomía reproductiva, ya que en Perú solo se reconoció la violencia sexual durante el conflicto, lo que invisibilizó estas vulneraciones e impidió la reparación de las víctimas.
Es de esa manera que la Corte IDH podría hacer realidad que el Perú atienda, bajo los mecanismos apropiados, a estas mujeres víctimas de una imposición sobre sus cuerpos y que le ordene al Estado varias medidas. Entre las más importantes, esperamos que se determinen algunas como: investigar y sancionar a los responsables; reparar de manera integral a las víctimas; y desarrollar políticas públicas que garanticen los derechos sexuales y reproductivos, en particular el derecho al consentimiento previo, pleno, libre e informado. Por tal motivo es que el caso de Celia representa esperanza no solo para sus seres queridos, sino para miles de víctimas más que por años han sufrido el peso de la discriminación.
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