El petróleo mexicano se ha convertido en una veta de negocio internacional para los cárteles del narcotráfico, asegura la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). En su más reciente informe sobre narcotráfico, la agencia denunció que los negocios de los carteles del narcotráfico se han diversificado, a tal punto, que han alcanzado a la petrolera estatal, Pemex. En el documento asegura que los grupos delictivos más importantes de México como el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo y la Familia Michoacana incurren en el contrabando de gasolinas y gas en la frontera entre México y EE UU, a través de un sofisticado esquema de lavado de dinero basado en el comercio. “El contrabando de petróleo en el mercado negro es el principal medio por el cual los carteles del narcotráfico financian sus redes. Se estima que México pierde decenas de miles de millones de dólares anuales en ingresos fiscales, a la vez que les cuesta a las compañías estadounidenses de petróleo y gas miles de millones de dólares anuales debido a la disminución de las importaciones y exportaciones de petróleo durante este mismo período”, refiere la DEA. Aunque se consultó a Pemex, al cierre de esta edición este diario no obtuvo respuesta.
En un intento por atajar a los cárteles mexicanos en EE UU, el Gobierno estadounidense ha seguido la pista a los negocios en su territorio. Los indicios apuntan a una red de contrabando de petróleo que salpica, de paso, a Pemex, la petrolera más endeudada del mundo. El primer golpe al llamado huachicol por parte de EE UU se dio en septiembre pasado, cuando el Departamento del Tesoro sancionó a nueve mexicanos y a 26 empresas vinculadas con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el presunto contrabando de combustible. “La atención, ahora, se centrará en las empresas y miembros estadounidenses involucrados en facilitar esta operación ilícita de contrabando de petróleo mexicano”, indica la DEA en su informe.
En otro golpe para desmantelar este negocio, a principios de este mes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a tres ciudadanos mexicanos y dos entidades con sede en México involucradas en una red de narcotráfico y robo de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En paralelo, la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) del Tesoro emitió una alerta a los bancos de EE UU sobre el contrabando de petróleo crudo en la frontera suroeste de Estados Unidos, asociados con el CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales de México.
En esta alerta, la oficina del Departamento del Tesoro afirma que los huachicoleros, a través de una red de tomas ilegales del crudo, del secuestro de camiones, de amenazas y de sobornos de empleados de Pemex, consiguen el llamado crudo para venderlo en el mercado negro en México, Estados Unidos y Centroamérica. El gobierno estadounidense acusa que el petróleo ilícito es enviado desde México a Texas en barcazas, de intermediarios mexicanos cómplices y, a menudo, se etiqueta erróneamente como aceite usado u otro material peligroso para evitar el escrutinio y evadir impuestos y regulaciones.
El viaje ilegal del petróleo no se detiene ahí. El crudo robado se entrega posteriormente a importadores estadounidenses cómplices de la industria del petróleo y el gas natural que operan cerca de la frontera suroeste de Estados Unidos, quienes lo venden con un gran descuento en los mercados energéticos estadounidenses y mundiales antes de repatriar las considerables ganancias ilícitas a los cárteles en México. “Los importadores estadounidenses pueden obtener más de cinco millones de dólares en ganancias por cada envío de petróleo crudo en buques cisterna desde Estados Unidos a jurisdicciones extranjeras”, refiere la oficina del Departamento del Tesoro.
Luis Miguel Labardini, experto en temas energéticos, explica que en este entramado existen tres delitos diferenciados, por una parte, el robo de combustible para su venta en el mercado negro dentro de México; el robo de petróleo crudo para su venta en Estados Unidos, registrándolo en la aduana como residuo y, finalmente, el llamado huachicol fiscal, que consiste en la importación de combustibles, haciéndolos pasar como lubricantes, para evitar el pago del impuesto especial, y su venta posterior en el mercado negro de México. “El problema en México es la ausencia o la debilidad del Estado de Derecho para perseguir y castigar este tipo de conductas, frente a criminales organizados que aprovechan sus ganancias para adquirir cada vez más poder en las regiones que controlan”, zanja.
Comentarios