Miguel Novoa Gómez pasó de ser señalado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en un supuesto caso de corrupción mientras formaba parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) a encabezar la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de la República (FGR). El nombramiento en el nuevo cargo de Novoa se efectuó el pasado 1 de mayo, según lo han confirmado a EL PAÍS varias fuentes en la propia FGR y en el INAI, el órgano que garantizaba el acceso a la información pública y que desapareció en marzo a consecuencia de una reforma aprobada por Morena, el partido en el Gobierno. El área que ahora encabeza Novoa depende del titular del Órgano Interno de Control (OIC) —el equivalente a la contraloría— de la FGR, Arturo Serrano, quien le ha designado en el puesto. Novoa tendrá a su cargo resolver las peticiones de acceso a la información enviadas por los ciudadanos a la Fiscalía, una institución bajo permanente cuestionamiento y que no se caracteriza por su apertura al escrutinio.
La acusación de la FMF contra Novoa ha tenido un recorrido errático. En enero, El Universal dio a conocer que la Federación de Futbol había ingresado una denuncia en la contraloría del INAI en contra de Novoa, que era director general de Protección de Derechos y Sanción, y Jonathan Mendoza, secretario de Protección de Datos. La acusación señalaba que ambos funcionarios citaron en una reunión a representantes de la FMF en un restaurante de la capital. Allí, supuestamente, ofrecieron a la Federación bajarle el monto de una millonaria multa, mediante la contratación de un despacho de abogados que hiciera de conciliador, a cambio de la entrega de varias entradas para el partido inaugural del mundial de fútbol de 2026, que se jugará en el Estadio Azteca.
La supuesta negociación habría ocurrido en 2023 y estaba relacionada con dos procesos de sanción abiertos por el INAI contra la FMF por el opaco uso de su aplicación Fan ID, con la que, a través de un tercero, la firma Incode Technologies, recaba datos personales y biométricos de los asistentes a los estadios. Una multa, de 23 millones de pesos, ya había sido dictada, y el INAI preparaba la ruta administrativa para imponer la segunda. La bomba, detonada en medios en enero de este año, causó severo daño al INAI, en el centro de las críticas de Morena en su campaña contra los institutos autónomos. Un mes después, en febrero, el pleno del INAI determinó destituir a Novoa y Mendoza, aun cuando la investigación interna no había llegado a una conclusión en torno a su responsabilidad. En marzo, el órgano de Transparencia se extinguió oficialmente, dejando pendiente de concluir el expediente contra la Federación de Futbol. En lugar del INAI quedó una institución llamada Transparencia para el Pueblo, a cargo del Ejecutivo federal.
La contraloría del INAI turnó una copia del expediente por supuesta extorsión a la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, de acuerdo con fuentes de la extinta institución. Personas allegadas a Novoa y Mendoza indican a este periódico, por separado, que la contraloría del INAI nunca les llamó a comparecer ni les dio acceso a la investigación —al menos Mendoza lo solicitó oficialmente a Patricia Sam, la titular del Órgano Interno de Control INAI—. Ninguno de los dos señalados en la nota de El Universal tiene la certeza de haber sido incluido en el expediente de la contraloría como denunciados, dicen desde el entorno de ambos funcionarios. Mendoza niega haber estado en la supuesta reunión recogida en la publicación inicial, mientras que Novoa asegura que el ofrecimiento de contratar a un despacho intermediario no vino de él, sino, al contrario, de parte de la Federación de Futbol, indican los allegados con los que platicó este diario.
EL PAÍS ha confirmado con funcionarios de la FGR que la Fiscalía Anticorrupción sí inició una carpeta de investigación por este asunto. Las fuentes de ese organismo precisan, sin embargo, que la FMF no ha presentado pruebas de los señalamientos, y aclaran que Novoa, el nuevo directivo de la FGR, no está incluido como denunciado en esa investigación. Es decir, el flamante director de Transparencia de la institución llegó a su nuevo puesto con un historial limpio, desde el punto de vista formal. Eso, y su relación de amistad de varios años con Serrano, el titular del OIC de la Fiscalía, ayudaron a Novoa a conseguir su nueva posición, tras su destitución del INAI. Novoa ha corrido con mejor suerte que Mendoza, el otro destituido, que ha tenido que salir de México.
En México, una ley federal obliga a las empresas a proteger los datos personales que tengan bajo su responsabilidad, y a darles un uso que garantice la privacidad de los usuarios que les otorgaron acceso a ellos. El Fan ID de la FMF recaba datos sensibles como nombre, teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento, identificación oficial —en la que se advierte normalmente el domicilio— e incluso un autorretrato del usuario, con la información biométrica que de suyo se puede obtener de una selfie para un reconocimiento facial, de retina o iris. El registro en Fan ID es obligatorio para acudir a un partido de futbol. Para la recopilación de esos datos, la Federación contrató a Incode Technologies, una firma que ha prestado servicios de autenticación biométrica al INE y a la Cámara de Diputados, lo mismo que a la banca privada. El INAI ha decidido emprender una sanción únicamente contra la Federación y dejar fuera de toda responsabilidad a la firma intermediaria.
No obstante, pese a que llegue el castigo, ha habido vicios corruptores en el procedimiento que podrían beneficiar a la poderosa FMF en los tribunales, entre ellos, la acusación de la supuesta extorsión. Desde la trinchera de los funcionarios acusados hay la convicción de que la Federación soltó la bomba en enero pasado —dos años después de la presunta coacción—, precisamente, para descarrilar el procedimiento de sanción que estaba en marcha, con la ayuda de comisionados del INAI que internamente contribuyeron a minar la institución. En medio de la polémica, cuando se ventiló la supuesta negociación en torno a un despacho que fungiera de intermediario con la FMF, se mencionó el nombre del exsenador Roberto Gil, del PAN, que en 2009 constituyó la firma de abogados Snash junto a Novoa y otros socios. Gil, uno de los mayores opositores a Morena, salió un año después de la firma, que nunca operó comercialmente.
Con la desaparición del INAI, ha quedado en manos del Gobierno de Sheinbaum decidir el destino de la última multa contra la Federación de Futbol. Queda por verse si el intrincado manejo de datos personales y biométricos recabados con Fan ID impacta en la posición de México como sede de algunos partidos de la Copa Mundial de 2026. En respuesta a un cuestionario enviado por este periódico a través de un portavoz, la Federación ha afirmado que está en suspenso si se seguirá utilizando esa aplicación en el marco del certamen futbolístico. “El mundial es un evento organizado por la FIFA, por lo tanto, la FMF no tendrá ninguna injerencia en la operación de estadios. Será la FIFA quien defina qué herramientas utilizará en su momento”, ha indicado la organización.
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