Después de años de trabajo por múltiples colectivos sociales insistiendo en la necesidad de su reforma profunda, asistimos a la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería en España. El resultado es un texto que no resuelve los problemas de fondo, aunque abre algunas puertas para mejorar la situación de las personas migrantes que ya viven en nuestro país.
Contextualicemos. Esta reforma se da en un escenario en el que la política migratoria española y europea sigue sosteniéndose sobre una gran falacia: la de que las fronteras pueden ser completamente impermeables. Se vende una ficción, la de que solo podrá llegar quien tenga una oferta laboral previa o quien posea familiares en Europa. Mientras, la realidad empírica es otra: las personas siguen llegando, demasiadas veces, por rutas inseguras y sin respaldo legal, arriesgando sus vidas en el proceso y siendo víctimas de los mayores abusos imaginables.
No se ha querido soliviantar a una Comisión Europea dominada por el miedo a la ultraderecha y que ha aceptado el discurso xenófobo incluso contra los datos de la economía
En este contexto, la nueva reforma representa una paradoja dentro del marco europeo. Al tiempo que se implementa el Pacto Europeo de Migración y Asilo en una UE que endurece más que nunca sus fronteras, externaliza el control migratorio y criminaliza a las personas, el texto aprobado en España al menos permite abrir procesos de regularización que, aunque insuficientes, pueden mejorar significativamente las condiciones de vida de miles de personas. No cambia el proceso de llegada: Europa y España siguen siendo en la práctica inaccesibles por vías seguras, pero mejora algo el escenario para quienes logren acceder y evitar ser enviados de vuelta.
Podrán ustedes leer análisis que expliquen cómo el nuevo reglamento de extranjería reduce el tiempo que una persona debe permanecer en situación irregular para poder solicitar un permiso de residencia. Esos mismos textos también detallarán que, contra toda lógica, si la persona ha solicitado asilo, el tiempo que transcurre mientras se resuelve su expediente —que suele superar el año— no se contabiliza como antigüedad para acceder a ese permiso. ¿Les cuesta seguir la explicación? Normal, el propio reglamento parece bastante perdido en lo que propone. Es evidente que necesitamos resolver la situación de esas más de 700.000 personas en situación administrativa irregular en España y que lo mejor que podemos hacer es facilitar que las personas accedan a un empleo digno y normalicen su situación en el país. Pero también es evidente que no se ha querido soliviantar a una Comisión Europea dominada por el miedo a la ultraderecha y que ha aceptado el discurso xenófobo incluso contra los datos de la economía.
Es necesario insistir en ello. Generar oportunidades a las personas migrantes no es un gesto caritativo. Es ante todo una cuestión de ética y justicia social porque permitir a cualquiera una mínima estabilidad y calidad de vida debería ser la base de una sociedad en la que dé gusto vivir. Ocurre que, además, las cifras acreditan que es también una decisión racional para garantizar un modelo social y económico bueno para toda la comunidad. El propio Banco Central Europeo lo ha señalado en el informe publicado a principios de mayo sobre los factores del desarrollo económico de distintos países de la UE: “Los trabajadores extranjeros juegan un papel cada vez más importante en el mercado laboral del área euro”. Particularmente para el caso español, señalan tanto desde esta institución como desde el Fondo Monetario Internacional que la migración es uno de los principales motivos para que el país esté a la cabeza del crecimiento económico europeo. En resumen, la contribución de las personas migrantes es uno de los pilares del crecimiento económico en España.
Generar oportunidades a las personas migrantes no se trata de un gesto caritativo. Es ante todo una cuestión de ética y justicia social
Pero ese mismo colectivo que sostiene gran parte del desarrollo económico sigue siendo relegado a la irregularidad administrativa, a la precariedad laboral, a la exclusión institucional. En un país donde tantas familias viven sin papeles, cada paso que permita acceder a una autorización de residencia y trabajo es un logro colectivo hacia una sociedad más justa y cohesionada.
Un logro porque documentar a quien vive, trabaja y contribuye al país no es una concesión caritativa, es una exigencia para el desarrollo colectivo. La historia de las democracias modernas se construye sobre el principio de que quien contribuye al sostenimiento de lo común debe tener también derechos sociales y políticos. Por eso, el acceso al permiso de residencia y trabajo para todas las personas que componen la sociedad española no es una cuestión de “buenismo”; es una cuestión de justicia social y profundiza nuestra fortaleza democrática.
En este sentido, el nuevo reglamento de extranjería parece haber entendido el camino, pero no atreverse a recorrerlo. Las organizaciones sociales deberemos exprimir las oportunidades que genera desde nuestros servicios jurídicos y seguir reclamando a quienes diseñan y ejecutan las políticas migratorias que no puede haber verdadera democracia si no se reconocen derechos a quienes sostienen la vida cotidiana desde la invisibilidad. La prosperidad, la justicia social y la salud democrática de España pasan, inevitablemente, por reconocer la dignidad y los derechos de todas las personas que la habitan.
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