El juzgado piloto de violencia contra la infancia y la adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado este lunes
El juzgado piloto de violencia contra la infancia y la adolescencia de Las Palmas ha ordenado este lunes el cierre y precinto del centro para menores migrantes no acompañados Fortaleza I, de Gran Canaria, según ha explicado el Tribunal Superior de Justicia del archipiélago. Derivado de estas actuaciones, la policía ha detenido a nueve de los trabajadores del recurso, gestionado por la ONG Quorum Social 77, que llevaba abierto desde 2020, y albergan a 43 niños.
La autoridad judicial ha tomado la decisión ante las “numerosas evidencias y testimonios” recibidos sobre la presunta comisión de delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, contra la integridad moral y amenazas. Durante la mañana, la Policía Autonómica ha registrado las instalaciones, ubicadas en una zona residencial en las medianías de la isla. El juzgado ha librado oficio a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias informándole del cierre, con el fin de que “procure las medidas precisas para asegurar el bienestar y protección de las personas que allí residían”.
Quorum 77 es la principal adjudicataria del Gobierno de Canarias para la gestión de menores, con una treintena de dispositivos en el archipiélago. Fue fundada en las islas en 2008 por la sevillana Delia García. “Aquí tenemos perfiles de niños con mayor complejidad comportamental”, relató a EL PAÍS en una visita al centro de La Fortaleza, en diciembre de 2023. “Por supuesto que hay incidentes”, admitía entonces. “El tema del consumo [de estupefacientes] es preocupante. O la comisión de algún tipo de delitos. Pero fíjate el control que hay ahí afuera. Sabemos actuar cuando surgen problemas”.
La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, ha asegurado este lunes que el departamento que dirige, “cuando tiene conocimientos, bien vía inspecciones”, por denuncias externas “bien de trabajadores o de otras instituciones como puede ser el propio Servicio Canario de Salud o el centro educativo”, da “traslado de inmediato al juzgado” para que se investiguen. Sobre todo “en aquellos casos en los que la Dirección General recibe denuncias de situaciones flagrantes de vulnerabilidad del interés superior del menor”.
En este sentido, Rodríguez ha explicado que “en los últimos dos o tres meses” ha requerido a varias entidades para que procedan a la separación cautelar de algunos trabajadores, un proceso que en algunas ocasiones ha llevado a su despido.
La comunidad autónoma tutela en la actualidad a 5.675 menores en 86 dispositivos cuya gestión encarga a una serie de organizaciones. El Ejecutivo suele abonar 90 euros por día y menor a estas organizaciones. El trato que dan algunas de ellas a los menores, en todo caso, se encuentra en el punto de mira de la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias. Una investigación de EL PAÍS en julio reveló el hacinamiento, la falta de escolarización, las denuncias de malos tratos y falta de profesionales que se da en buena parte de los dispositivos. Algunos de estos centros terminaron saltando a los medios, como las condiciones en las que vivían medio centenar de niños en un centro de Lanzarote que la Fiscalía mandó cerrar.
Entre los dispositivos que gestiona Quorum Social 77 en Canarias se encuentra un antiguo centro para la cría y entrenamiento de palomas en Tenerife, una especie de almacén donde vivían hacinados 300 niños. Dos extrabajadores de este centro relataron para EL PAÍS episodios de malos tratos debidos, en buena medida, al perfil de cuidadores que algunas entidades contratan para lidiar con los niños. “Allí hay de todo menos educadores. Meten a porteros de discoteca para intimidar a los chicos”.
Canarias ha declarado en numerosas ocasiones estar desbordada por la llegada de menores migrantes no acompañados. En marzo, el Consejo de Ministros aprobó la modificación de la ley de extranjería para la redistribución de unos 4.400 menores migrantes entre comunidades autónomas, decreto ley que fue ratificado en el Congreso de los Diputados el 10 de abril tras casi un año de negociaciones entre el Gobierno central, el canario y algunas otras comunidades, un sinfín de desencuentros y hasta de una votación fallida en la cámara.
Esta ley se está encontrando con el bloqueo de las regiones gobernadas por el PP. El Gobierno confirmó el día 13 que emprenderá acciones legales contra estas comunidades autónomas. El primer objetivo será la de Aragón, la que ha opuesto más resistencia. Su Ejecutivo, presidido por el popular Jorge Azcón, no solo ha rechazado el reparto, que ahora es obligatorio por ley, sino que tampoco ha facilitado la información solicitada para dimensionar su capacidad de acogida y calcular los cupos de acogida que le corresponden a cada territorio.
Comentarios