El magistrado del Tribunal Supremo Juan Ramón Berdugo, que instruye la causa abierta el líder de la formación ultra Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis Pérez, conocido como Alvise, por varios mensajes contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert, ha dado este lunes el primer paso para poder actuar contra él. En un auto, Berdugo acuerda iniciar los trámites para pedirle al Parlamento Europeo que le levante la inmunidad de la que goza como eurodiputado, aunque da a Alvise la opción de declarar de forma voluntaria como investigado sin necesidad de que la Cámara europea acuerde el llamado suplicatorio.
En esta causa, el alto tribunal considera que la actuación de Alvise puede responder a un tipo de delito de acoso conocido como stalking y que consiste en intimidar a una persona, en este caso, a través de las redes sociales. El caso tiene su origen en la exposición razonada que envió al alto tribunal un juzgado de Valencia, que había abierto diligencias tras la denuncia de la fiscal Gisbert por un presunto delito de injurias a funcionario público, coacciones y odio. En su denuncia, la fiscal daba cuenta de unos mensajes que se habían divulgado en el canal de Telegram de Alvise y que habían llevado a que personas que ella no conocía le remitieran mensajes amenazantes o insultantes a través de las redes.
Esta es la segunda vez en poco más de 10 días que un juez del Supremo pone en marcha los trámites para pedirle al Europarlamento que levante la inmunidad al fundador de SALF. El pasado 7 de mayo ya lo hizo el juez que le investiga por la difusión en 2021 de una prueba supuestamente falsa de covid del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. El instructor de este caso, el juez Javier Hernández, ha citado este lunes a Alvise para que declare como investigado el próximo 6 de junio, después de que el eurodiputado enviara un escrito a la Sala Penal ofreciéndose a comparecer antes de que el Supremo reclame al Parlamento Europeo que le levante la inmunidad.
Este magistrado ha dictado también este lunes otro escrito en el que acepta la personación en la causa del Partido Socialista de Cataluña (PSC). Una decisión que adopta el magistrado tras constatar que este partido ha presentado querella contra Alvise y que ha prestado una fianza de 15.000 euros exigida para que se admitiera su personación.
Alvise tiene abierta una tercera causa en el alto tribunal, vinculada a la supuesta financiación irregular de su agrupación electoral. El instructor de este caso, Julián Sánchez Melgar, tiene que decidir aún si, como han hecho sus compañeros, inicia los trámites para reclamar el suplicatorio. Previsiblemente, también le ofrezca la opción de declarar de forma voluntaria.
El cerco judicial a Alvise en el Supremo coincide con la crisis interna de su formación, donde los oros dos eurodiputados de SALF han roto con su antiguo líder, a quien acusan de recurrir a “ataques personales, amenazas públicas y privadas y campañas de desinformación”, propias del “matonismo”, para forzarlos a renunciar a su escaño. Según fuentes parlamentarias, uno de ellos ha presentado una denuncia contra Alvise en un cuartel de la Guardia Civil de Valencia en la que le hace responsable de la catarata de insultos y amenazas que ha sufrido después de que les señalara públicamente, a él y a su compañera, porque habían votado a favor del plan de rearme de la Comisión Europea.
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