A Ras J. Baraka lo detuvieron en el mismo lugar donde, en los últimos meses, protagonizó discursos junto a una congregación de activistas y vecinos molestos por la apertura del primer centro de detención de migrantes de la era Trump. El alcalde de Newark, la ciudad más grande de Nueva Jersey y parte del área metropolitana de Nueva York, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el viernes 9 de mayo a las afueras de Delaney Hall, y podría enfrentarse a un juicio en julio por el cargo de allanamiento. Pero su detención en sí —que le ha ganado mayor simpatía demócrata en el Estado y podría apuntalar su nominación como aspirante a gobernador— es solo una prueba más de lo que vive la comunidad, y de lo que se avecina. Así lo dejó claro Baraka cinco horas después del suceso, una vez fue liberado: “Eso, señoras y señores, es autoritarismo”.

“No podemos arrestar a las personas simplemente porque no están de acuerdo con nosotros”, dijo el alcalde esta semana a las afueras de un tribunal federal de Newark. “No podemos apuntar a las personas porque sus opiniones políticas son diferentes de las nuestras. No podemos someter a la gente, tomar sus fotos, fichas policiales y huellas dactilares porque creemos que, de alguna manera, se oponen a nuestras posiciones”.

Baraka, un poeta y dramaturgo de 55 años devenido el alcalde número 40 de su natal Newark, no es solamente conocido por su inclinación “progresista” y su “agenda futurista” —se dice que redujo el desempleo y la delincuencia, ha impulsado el acceso a la vivienda, el uso de la tecnología y acceso a internet en la comunidad—, sino por su posición frontal contra la agenda anti inmigrante del presidente Donald Trump. Entre sus promesas para proteger a la comunidad indocumentada de Newark, Baraka dijo que haría todo lo que estuviera a su alcance para mantener al Delaney Hall fuera de servicio, insistiendo en que el centro de detención, no era “bienvenido”.

No obstante, el centro en manos del Grupo GEO, empresa que firmó con ICE un contrato de 60 millones de dólares anuales por los próximos 15 años, recibió a sus primeros detenidos a inicios de mayo, como habían prometido las autoridades. Se trata del segundo centro de detención en Nueva Jersey, con más de 1.000 camas. También tiene una ubicación estratégica: está a menos de tres kilómetros de un aeropuerto principal, lo que garantiza el rápido traslado de los detenidos que enfrentan la deportación.

Organizaciones, políticos y activistas de Nueva Jersey han denunciado la habilitación de este centro para albergar a migrantes, no solo por el estrés que ahora causa en la comunidad, sino porque, aparentemente, GEO Group no obtuvo los permisos municipales requeridos antes de reabrir las instalaciones. Más de una vez, Baraka dijo que los llevaría ante la justicia. “Si intentan hacer algo para violar la ley, les llevaremos a los tribunales”, dijo en una de las protestas realizadas a las afueras del lugar. Pero ha sucedido lo contrario, y ha sido el alcalde quien ha tenido que comparecer ante un juez.

En medio de un tumulto a las afueras del Delaney Hall, que forcejeaba para que no se lo llevaran, agentes federales cargaron contra Baraka, quien asegura que había recibido permisos para entrar a las instalaciones. En el sitio estaban presentes también los miembros del Congreso Bonnie Watson Coleman, Rob Menéndez y LaMonica McIver, quienes habían llegado con el objetivo de realizar una visita a las instalaciones. A Baraka no solo no se le permitió acompañarlos, sino que se oyó a un agente decirle: “Los congresistas son diferentes”. Luego le advirtieron de que podía quedar detenido. Baraka siempre insistió en que no estaba dentro del centro. “No estoy en su propiedad. No pueden salir a la calle y detenerme”. Aun así, los oficiales cargaron con él.

El suceso ha generado polémica en los más altos niveles. Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que “el alcalde ha sido informado de que es más que bienvenido a entrar en la instalación, siempre y cuando siga los protocolos de seguridad como todos los demás”, pero que el incidente de esta semana no es más que una “estrambótica maniobra política”. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, denunció el supuesto “espectáculo”, y adelantó que estaban teniendo lugar conversaciones sobre posibles medidas disciplinarias para los tres congresistas demócratas implicados.

Baraka, por su parte, insiste en que no tiene culpa de lo sucedido. “A lo que está pasando ahora, en este país, todo el mundo debería tenerle miedo”, sostuvo. “Están utilizando los tribunales. Están utilizando todo lo demás para justificar lo que están haciendo”. El jueves él mismo compareció ante el tribunal acusado del delito de allanamiento, cuyo cargo pudiera implicar una pena máxima de 30 días de prisión. Rahul Agarwal, uno de sus abogados, dijo que la defensa esperaba solicitar la desestimación de los cargos, ya que se trataba de una “acusación selectiva”, solo atribuida al alcalde demócrata, a pesar de que había más personas involucradas en el incidente. Otro de sus abogados, Raymond Brown, deslizó una ironía, alegando que su cliente no allanó el establecimiento, como sí hicieron quienes irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021. “Eso es asaltar”, dijo. “Él no lo hizo”.



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