En pleno mes de mayo, el presidente del Cercle d’Economia, Jaume Guardiola, mandó su carta a los Reyes Magos. En el discurso para cerrar las jornadas anuales que la influyente entidad empresarial organiza en Barcelona, Guardiola se dirigió a Salvador Illa para pedirle que el PSC pacte con “el partido mayoritario de la oposición”, en alusión a Junts per Catalunya. El dirigente del Cercle, que antes fue consejero delegado del Banco Sabadell, reprendió al president de la Generalitat: “Hay medidas que está poniendo en marcha que no me parecen las más adecuadas”, dijo, y le acusó de tomar decisiones influenciado por malas compañías: “Surgen de la necesidad de pactar con partidos alejados de la centralidad política del país”, subrayó Guardiola, en referencia a la dependencia que tiene el PSC de los comunes. Junts mantiene una relación distante con el Cercle y la réplica de Carles Puigdemont a la propuesta ha sido clara: “Aquellos que tanto han aplaudido al Govern que habla del regreso de la normalidad a Cataluña […] ahora quieren que les tranquilicemos nosotros”.
Las patronales y entidades que representan al sector empresarial y de negocios admiten maniobras políticas para bloquear aquellas iniciativas que puedan perjudicar sus beneficios. “No nos tiemblan las piernas y alzamos la voz, con educación y modestia, para defender nuestros intereses”, señaló Josep Sánchez Llibre durante su discurso en la asamblea general de Foment del Treball. Sánchez Llibre critica al Govern de la Generalitat porque, “por la influencia de sus socios de investidura, ERC y Comunes, a los que también se ha sumado la CUP” ha planteado un incremento del impuesto de transmisiones o endurecido la tasa turística, además de adoptar medidas para regularizar el mercado de la vivienda. Foment, lo mismo que Pimec, critica abiertamente la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Antoni Cañete, presidente de Pimec, ha reconocido tener “miedo al trámite parlamentario” de la reforma laboral.
En este sentido, Junts aparece como un posible contrapeso para condicionar los planes socialistas en el Parlament y en el Congreso de los Diputados y un sector considerable de la clase empresarial no oculta su interés por copiar a Alemania, con la alianza entre conservadores y socialdemócratas, y que el partido de Puigdemont entre en un acuerdo político catalán de gran formato con el PSC. Ambas formaciones tienen posturas favorables sobre desarrollo de infraestructuras y coinciden en algunos asuntos de impulso económico, como la necesidad de ampliar el aeropuerto de Barcelona, el casino de Hard Rock en Salou (Tarragona). También comparten los recelos sobre la apagada de las centrales nucleares. Los trenes de Rodalies son uno de los asuntos más espinosos para el Govern de la Generalitat, y el PSC mantiene como comisionado para gestionar el traspaso de las competencias sobre el servicio a Pere Macias, quien fue alcalde de Convergència y consejero del Ejecutivo de Jordi Pujol.
“Los empresarios ven el mundo de una manera, los políticos de otra”, explica Oriol Bartomeus, politólogo y director del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS). “Junts necesita presentarse como una alternativa al Govern de Illa y para el PSC pesa mucho el pacto de investidura con ERC y Comunes, como para ir haciendo experimentos”, señala una fuente del PSC.
Esta misma semana, Junts ha anunciado que descarta la posibilidad de entrar en el gobierno del Ayuntamiento de Tarragona, controlado por el PSC en minoría. Jordi Sendra, edil de Junts, admite que la ruptura llega tras largas negociaciones. “El acuerdo estaba hecho, pero al final las negatividades de entrar en el gobierno han pesado mucho”. Evita extenderse sobre esas “negatividades”, pero confirma que el acuerdo se descartó tras haberlo elevado a la dirección del partido: “Hay discrepancias evidentes a nivel nacional, nuestro proyecto no es el de Illa, es el de Puigdemont”, explica. Sobre la conveniencia de que Junts y el PSC recuperen lo que en su momento se bautizó como sociovergència, Sendra tiene un diagnóstico preciso: “Siempre he pensado que son dos partidos de gobierno y que se tendrían que entender”.
Los partidos temen el impacto que pueda tener alcanzar acuerdos con otras fuerzas, opina el politólogo Bartomeus. “Si tú preguntas a la gente si están de acuerdo con qué haya grandes acuerdos de país, la mayoría te dirá que sí. Ahora bien, luego, esos mismos son los primeros en acusar de traidores a los miembros de su partido, cuando pactan con una fuerza rival”. El contexto es de conmigo o contra mí, sin matices. “La actual competencia entre partidos propicia que cualquier acuerdo sea interpretado como una cesión, como una traición a los principios, y como algo que puede enfurecer a los votantes propios”. En el caso catalán, la rivalidad aún se vive más a flor de piel, si cabe. “El procés excavó una zanja entre los partidos que apoyaban la independencia y los que no. Hay algunos movimientos para poner alguna pasarela sobre esa zanja, pero son solo incipientes”, considera Bartomeus.
Tras las elecciones municipales de 2023, Junts y el PSC tenían acuerdos pendientes de firma para gobernar juntos en las diputaciones de Tarragona y Lleida. El trato se bloqueó a última hora y las diputaciones terminaron en manos de ERC, con el apoyo de los socialistas. Una fuente de Junts que intervino en aquellas negociaciones señala que el temor a perder apoyos en las elecciones generales hizo que la dirección de Junts bloqueara los tratos con el PSC. “Fue puro miedo electoral. Y es curioso porque invita a pensar que se da más importancia a un escaño de más o de menos en el Congreso de los Diputados, antes que poder mandar en dos diputaciones en Cataluña”.
Comentarios