El Gobierno de Claudia Sheinbaum prepara una reforma de gran calado a las fiscalías, que devuelve al Ejecutivo federal y de los Estados el poder para designar a los titulares de esas instituciones. La reforma, cuyos detalles han sido confirmados por EL PAÍS con fuentes del Congreso y la Presidencia, incluye a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías de los 32 Estados del país. El cambio cualitativo significa un regreso a la época en que el presidente o gobernador de turno designaba directamente a su fiscal, antes llamado procurador. Esa facultad discrecional también le permitía relevarlo de sus funciones, como a cualquier otro secretario de Gobierno bajo su autoridad. En esas condiciones, el procurador solía estar profundamente vinculado al mandatario o a un partido, y en muchos casos actuaba en concierto con la agenda política del momento.
Hace una década, se modificó la Constitución para dotar a las fiscalías de independencia respecto del Ejecutivo. Parte de la reforma incluyó cambiar el proceso de designación de sus titulares, en el que el Senado adquirió un rol fundamental. Otra medida fue extender el periodo en el cargo de los fiscales para que fuesen transexenales, es decir, que durasen más allá del término del mandatario en turno y no estuviesen sujetos a los cambios políticos. Morena argumenta ahora que esa autonomía se ha convertido en un lastre para la procuración de justicia, pues algunos fiscales, muy ligados a mandatarios de oposición, juegan en contra de los nuevos gobiernos y frustran el combate a las redes de corrupción.
Muy poco ha cambiado con la autonomía de las fiscalías, a decir de los especialistas. La investigación y persecución de los delitos sigue entrampada en los Ministerios Públicos, muy pocos casos llegan a los jueces y la impunidad continúa en niveles exorbitantes. Con fiscales independientes o no, los ciudadanos quedan como el eterno eslabón débil en la cadena de la procuración de justicia. “No es que la autonomía les haya dado a los ciudadanos la sensación de estar más protegidos, de que tienen acceso a la justicia. Yo no creo que [la reforma de Sheinbaum] sea una pérdida, porque no creo que ganáramos mucho con la autonomía”, indica la abogada y académica Ana Laura Magaloni.
Ya hay un borrador de la iniciativa, elaborado por la Consejería Jurídica de Sheinbaum. La presidenta busca que la reforma se apruebe en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, hacia el último cuarto de año. El proyecto, de acuerdo con las fuentes consultadas, prevé un artículo transitorio que permitirá a los actuales fiscales concluir su periodo en el cargo, pero sus relevos serán nombrados, conforme a los nuevos términos, por los mandatarios. Eso pone fin a las dudas largamente acumuladas sobre si el actual fiscal general, Alejandro Gertz Manero, concluirá o no su periodo, previsto hasta 2028. Gertz ha sido el primer titular —y será el último— de la FGR, en el corto tiempo que la Procuraduría se convirtió en Fiscalía autónoma.
Fuentes parlamentarias afirman que el proyecto aún está en fase de revisión y que no se ha consultado con Gertz. Dentro de la FGR, fiscales preguntados por este periódico indican que no están al tanto de los cambios orgánicos en la institución que impulsa Morena. El oficialismo no considera que Gertz sea un problema, señalan las fuentes de Presidencia, pues hay una fluida coordinación entre el fiscal general y las dependencias del ramo de la seguridad, esas sí adscritas al Ejecutivo. Los focos rojos los ven en los Estados, que son tomados como ejemplo de lo que podría salir mal a nivel federal cuando no exista buena relación con un titular de la FGR dejado en el cargo por un mandatario anterior. Para Morena, hay mucho en juego como para dejarlo a merced de algo tan imprevisible.
Tres casos motivan la reforma de Sheinbaum. El ejemplo acaso más emblemático es el de Carlos Zamarripa, que fue procurador y luego fiscal de Guanajuato por 15 años, periodo en el que ese Estado, un bastión del PAN, dejó de ser cuna de la prosperidad industrial y se convirtió en la Entidad con más muertes en el país. Morena acusó a Zamarripa de tener lazos criminales y sostuvo que ello explicaba la escalada de la violencia. Incluso, el expresidente Andrés Manuel López Obrador maniobró políticamente para tumbarlo, pero el fiscal fue arropado por el PAN. Finalmente, Zamarripa cedió a las presiones y renunció al cargo (aún le quedaban tres años por delante), pero se llevó una jubilación dorada que él mismo se recetó.
Morelos y Tamaulipas terminan de pintar el contexto político de la reforma de Sheinbaum. En el primer Estado, Uriel Carmona, fiscal hasta hace unos meses, fue designado por el Congreso morelense en 2018, a propuesta del exgobernador del PRD Graco Ramírez, un enemigo político de Morena. Carmona, que finalmente fue destituido, protagonizó enormes polémicas con el morenista Cuauhtémoc Blanco, sucesor de Ramírez en el Ejecutivo, e incluso con Sheinbaum, cuando esta gobernaba Ciudad de México, a raíz de un feminicidio que involucró la jurisdicción de las dos fiscalías locales. En el caso de Tamaulipas, el fiscal, Irving Barrios, fue impulsado por el exgobernador del PAN Francisco Cabeza de Vaca y blindado por el Congreso estatal, de mayoría panista, para dificultar su destitución. El actual mandatario, Américo Villarreal, de Morena, ha encontrado obstáculos en la Fiscalía para avanzar acusaciones contra Cabeza de Vaca por posibles actos de corrupción y narcotráfico.
La reforma federal de 2014 fue muy celebrada en su momento porque abría las puertas a una nueva era en la procuración de la justicia, desprendida de los intereses políticos de los gobernantes. El cambio otorgaba al que fuera el nuevo fiscal general un periodo de nueve años en el cargo, tres más que el de cualquier presidente, y ponía en manos del Senado su designación por mayoría calificada. También se le daba la facultad operar una Fiscalía Anticorrupción, uno de los enormes lastres del país. Esa ley, aprobada en el Gobierno de Enrique Peña Nieto al amparo del Pacto por México, prometía enormes mejoras en una institución bajo permanente cuestionamiento. Tras la reforma federal, los Estados tuvieron que adecuar sus Constituciones para también transformar sus procuradurías en fiscalías independientes del Ejecutivo.
Signo de su tiempo, la reforma del peñismo, sin embargo, escondía una manzana envenenada: indicaba que el entonces procurador, Raúl Cervantes, un abogado indiscutiblemente vinculado al PRI, pasara a ser en automático el nuevo fiscal, más allá del mandato de Peña Nieto. Las presiones de la oposición —entre ella morenistas— y de las organizaciones civiles frenaron ese salto y forzaron la salida de Cervantes, en cuyo lugar quedó un encargado interino para propiciar la llegada de un fiscal negociado. Esa posición recayó en 2019 en Gertz, designado, como señalaba la reforma, por el Senado a partir de una terna enviada por el presidente, a la sazón López Obrador.
Magaloni señala que la independencia de las fiscalías va más allá de la manera como se designa a sus cabezas. “La autonomía no significa estar en pleito con el Ejecutivo; quiere decir que el Ejecutivo no te da instrucciones”, afirma en entrevista. “La fiscalía autónoma no es una que no colabora con las instituciones de seguridad [del Ejecutivo], sino una que no juega política. Y eso creo que nunca lo logramos”, incide. La académica lo ejemplifica con la manera en que Gertz, desde su posición de titular de una FGR autónoma, operó políticamente en un asunto personal que se desarrollaba en tribunales. Otros actores han acusado a Gertz de manejar la institución con criterios políticos. Magaloni señala la falta de un servicio profesional de carrera para profesionalizar a los ministerios públicos, peritos y policías de investigación y para fortalecer los resultados de esas instituciones. “No hay manera de que las fiscalías mejoren sin una profunda reforma sobre su funcionamiento y sobre la gente que presta el servicio”, define.
Comentarios