Claudia Sheinbaum, que ha capeado con éxito la tormenta desatada por Trump, ha encontrado en los maestros mexicanos un inesperado adversario mucho más difícil de complacer. El magisterio agrupado bajo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mira con recelo las propuestas de la presidenta y responde con una negativa a cada uno de los intentos por aplacar los ánimos. El último ha llegado este mismo jueves, con el anuncio de un aumento de los salarios del 9%, con efectos retroactivos desde enero, con un 1% adicional desde septiembre y una semana más de vacaciones. En total, la medida representa unos 36.000 millones de pesos. La CNTE reconoce que es un “esfuerzo importante”, pero vuelve a replicar: “Es insuficiente”. El mismo día declaró la huelga indefinida y este viernes ha doblado la apuesta con importantes bloqueos en puntos clave de la capital ―como el cruce entre Reforma e Insurgentes o el Circuito Interior― que han paralizado la ciudad durante horas.
Hay una palabra en el anuncio del Gobierno que les hace sospechar y sobre la que exigen aclaración. La presidenta ha hablado de un aumento “global” del 9%, pero no ha especificado si se aplicará sobre el salario base o sobre las prestaciones, que representan en torno al 30% del sueldo de los profesores, entre bonos, aguinaldos y demás servicios. “Nosotros reclamamos que se haga sobre el salario base, porque eso tendría un efecto sobre las jubilaciones”, explica Pedro Hernández, portavoz sectorial de la Coordinadora. Si se aplicara sobre las prestaciones, incide, esta conquista se perdería, junto con el resto de beneficios, en el momento de retirarse.
No se trata de un matiz menor, las pensiones concentran las preocupaciones y las demandas del gremio, que reclama abolir la ley del ISSSTE de 2007. Esta reforma sustituyó el sistema de pensiones solidarias e intergeneracionales por las cuentas individuales gestionadas por las afores, una medida que ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo considerable para los maestros retirados. Otras dos medidas que se aprobaron entonces, bajo el mandato de Felipe Calderón, vuelven ahora como blanco de la embestida magisterial: el cálculo de las pensiones a partir de la UMA (una unidad de medida administrativa que sirve, por ejemplo, para calcular las multas) y no del salario mínimo; y el requisito de edad mínima para jubilarse, que aumentaba progresivamente, en lugar del de años servidos, como figuraba antes: 28 para las maestras, 30 para los maestros.
En un primer intento por mitigar las resistencias de los docentes, Sheinbaum propuso congelar la edad de jubilación a la actual: 56 y 58, respectivamente. Esta medida en realidad solo afectaría al 24% de los trabajadores, según los cálculos de la Coordinadora: aquellos que pudieron acogerse al anterior sistema cuando se aprobó la ley de 2007. Los que ingresaron después deben reunir 1,8 millones de pesos en su cuenta individual para poder retirarse, con independencia de la edad, una cifra para algunos inalcanzable, para otros tan lejana que requeriría muchas décadas de trabajo.
Todo se reduce, finalmente, a una cuestión de dinero. “Ojalá pudiéramos dar más, pero el presupuesto no necesariamente alcanza para todo”, ha dicho esta mañana la presidenta, que en otras ocasiones ha mencionado que ella misma se opuso a la aprobación de la polémica ley, cuando todavía trabajaba en la Universidad. Ahora, considera, sería demasiado costoso revertir de golpe un sistema que lleva más de 20 años vigente. El Gobierno está intentando sortear ese obstáculo con propuestas que no requieren un aumento tan grande del presupuesto, como la modificación del sistema de promoción y movilidad de los profesores o la ampliación de las vacaciones, que no estaba entre las peticiones del magisterio pero con la que esperaba romper la férrea oposición del gremio, que se mantiene firme en su objetivo.
Aun así y en su estilo habitual de mantener la cabeza fría, la presidenta ha evitado entrar a la confrontación y ha mantenido la mano tendida. “Consideramos que las y los maestros son lo mejor de México. (…) Va a haber diálogo con la CNTE”, ha reiterado esta viernes. Desde la Coordinadora esperan que los llamen para una mesa de negociación en la que discutir las últimas medidas planteadas. Mientras tanto, preparan las próximas jornadas de movilización y mantienen el plantón con tiendas de campaña en el Zócalo capitalino y las calles aledañas, como la 5 de mayo, la Francisco I. Madero y la Tacuba. Durante el fin de semana van a implantar lo que han llamado el “metro popular”: se van a instalar en distintas estaciones de diversas líneas para forzar el acceso gratuito al transporte, “cortesía de los maestros de la Coordinadora”, que consideran una forma más de “difundir su lucha”, en palabras de Hernández.
El lunes por la mañana replicarán la medida en las casetas de entrada a la Ciudad de México, donde forzarán el paso libre de los coches sin necesidad de pagar los peajes de ingreso a la capital, que además consideran abusivos. Por la tarde definirán los siguientes pasos. “Si no hay respuesta, se va a intensificar la movilización”, advierten, una estrategia que difiere de la del Sindicato Nacional (SNTE), que el jueves se desmarcaba de la Coordinadora con una reunión con la mandataria. “Nosotros creemos en el diálogo estratégico, no en la confrontación”, lanzaron en un comunicado.
La polémica ley del ISSSTE, así como la reforma propuesta y más tarde retirada por la presidenta, dadas las resistencias del gremio, afecta en realidad a unos 3,2 millones de trabajadores en activo y 1,33 millones de pensionados, según los cálculos ofrecidos por el Ejecutivo. Los maestros representan el grueso principal, pero aproximadamente un millón pertenecen a otros sectores públicos, como la Salud, los Correos o la CFE. En estos departamentos, los trabajadores parecen mantener un perfil más bajo que los maestros, aunque algunas organizaciones, como la ANUEE, de la red de energía eléctrica, se han solidarizado con una huelga que todavía no vislumbra el final.
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