El Día del Maestro ha encontrado a los organilleros en un sitio inusual. La Avenida de la Reforma de la Ciudad de México ofrecía este jueves por la mañana una buena exhibición para quien quisiera darse un baño en miniatura del concurrido centro histórico capitalino: vendedores de sombreros y sombrillas, sillas y baterías, churros y choripanes. Allí comenzaba, a las nueve de la mañana, la marcha hacia el Zócalo convocada por el magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabadores de la Educación (CNTE): el pistoletazo de salida para la huelga indefinida con la que amenazaban y que han terminado por cumplir, pese a los intentos de evitarlo del Gobierno. Esta misma mañana el Ejecutivo ha anunciado una subida del 9% de los salarios con efectos retroactivos desde enero, con un 1% adicional desde septiembre, y una semana más de vacaciones. Para los maestros, sin embargo, el objetivo es claro, allá donde se pregunte: “No aceptaremos ninguna otra propuesta salvo la abolición de la ley del ISSSTE de 2007″.
El asunto está enconado desde hace meses en el mismo punto: la vuelta a las pensiones solidarias e intergeneracionales de la ley anterior, en vez de la gestión a través de las cuentas individuales o afores, como se establece ahora; el regreso a la jubilación por años de servicio y no por años de edad; y el aumento de los salarios, no del 9% ―unos 36.000 millones de pesos en total― sino del 100%, una meta ambiciosa y por el momento lejana. “Ojalá pudiera dar más”, ha dicho Sheinbaum al anunciar la medida. El nudo del embrollo es, como casi siempre, el dinero: el Gobierno considera que no hay presupuesto suficiente para revertir de golpe una reforma que lleva ya más de 20 años vigente; ellos replican que sí y así lo han manifestado en cada convocatoria de paro: el último, este marzo, fue de 72 horas.
Ahora los maestros redoblan la apuesta con una huelga indefinida que congregará al gremio nuevamente en la plaza central. “Si somos muchos, durará poco. Si somos pocos, durará mucho”, vaticina Arturo Jiménez Garcés, secretario de organización de la sección 9 de Ciudad de México, que calcula una asistencia mínima de unos 20.000 profesionales divididos en 27 contingentes de todo el territorio. La presidenta les había propuesto recibirlos el 8 de mayo, pero finalmente declinaron el ofrecimiento para que un amago de soluciones parciales no desanimara a los maestros a protestar. “El sexenio pasado tuvimos 23 mesas de negociación, pero no se resolvió nada”, ejemplifica el portavoz sectorial.
En el Zócalo, las tiendas de campaña surgen como setas desde la noche anterior y ya van formando un colorido e incompleto mosaico. En el suelo se leen inscritas metódicamente las instrucciones para la instalación: aquí habrá un pasillo, aquí la primera sección de Oaxaca, más allá la cuarta de Chiapas. También las calles aledañas les servirán de hospedaje: a las 11 de la mañana, la 5 de mayo, la Francisco I. Madero y la Tacuba ya están ocupadas en el tramo que desemboca en el ágora. En todas ellas el ambiente es tranquilo, esperan todavía a los compañeros que les tienen que alcanzar desde el Ángel, en Reforma. “Físicamente uno se agota, pero emocionalmente venimos con ganas de darlo todo y con la esperanza de conseguir cambios”, comenta Rogelio, que ha llegado desde Oaxaca. Tiene 38 años y 16 de servicio cumplido.
Esos, los años de servicio, son la principal carta de presentación aquí y allá. No en balde sirven de eje de uno de los reclamos centrales: volver a los 28 y 30 años trabajados, para mujeres y hombres respectivamente, para poder acceder a la jubilación. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ofreció encontrarlos a medio camino: congelar la subida progresiva de la edad requerida para el retiro, actualmente en 56 y 58 años para sendos sexos, pero esto no solo no convence sino que lo consideran una trampa: en la práctica, esa medida solo afectaría a los maestros que pudieron acogerse a la normativa anterior cuando se aprobó la ley de 2007. Son en torno a un 15% o 20% del magisterio. Para el resto, que no tuvieron opción y por tanto están amparados en el sistema de afores, la medida no tiene efectos.
Es el caso de Oscar Luis (36 años), de la región Selva Ococingo de Chiapas. Él tiene 15 años de servicio y 500.000 pesos acumulados en su cuenta individual. Debe alcanzar un mínimo de 1.800.000 pesos para poder retirarse, da igual la edad que tenga. Al ritmo actual de ahorro, le quedarían más de 30 años para acercarse a esa cifra. “Y todo, para tener una pensión mínima de 4.000 pesos”, se queja. De acuerdo con los representantes de la Coordinadora, las pensiones con las que se están retirando actualmente los que están amparados en este sistema, que se calcula en función de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) y no del salario mínimo, como piden, se mueven en un rango de entre los 4.000 y los 7.000 pesos. La presidenta ha ofrecido completarlas hasta los 17.000, pero ellos van más allá. “Es un apoyo, pero no un derecho. ¿Qué va a pasar cuando se acabe el presupuesto? Queremos que se lleve a la Constitución», dice Jiménez Garcés.
La polémica ley del ISSSTE, así como la reforma propuesta y más tarde retirada por la presidenta, vistas las resistencias del gremio, afecta en realidad a unos 3,2 millones de trabajadores en activo y 1,33 millones de pensionados, según los cálculos ofrecidos por el Ejecutivo. Muchos de ellos pertenecen a otros sectores públicos, como la Salud, los Correos o la CFE. Algunas organizaciones, como la ANUEE, de la red de energía eléctrica, o el Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano, entre otras, se han solidarizado con la huelga de los maestros. Todavía está por ver cómo terminará la primera jornada. Si la presidenta los recibirá o si conseguirán arrancarle alguna de las ambiciosas metas planteadas. De ello dependerá que la huelga dure un día, un mes o se alargue mucho más.
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