Wong Kim Ark nació en 1873 en el número 751 de la calle Sacramento, en el corazón del Chinatown de San Francisco. Sus padres, Wong Si Ping y Wee Lee, inmigrantes chinos que manejaban una pequeña tienda de abarrotes, no podían naturalizarse como ciudadanos estadounidenses: la ley de la época se los prohibía. Pero su hijo, nacido en suelo estadounidense, había heredado algo más que su apellido. Había nacido con derechos.
En 1894, Wong salió temporalmente del país para visitar a su esposa y a su hijo en China. Pero al regresar, las autoridades le negaron la entrada. Le dijeron que no era ciudadano. Que su ascendencia lo descalificaba. Wong sabía, sin embargo, que la Constitución lo respaldaba. Así comenzó una batalla legal que transformaría la historia de Estados Unidos.
Durante su detención, la Chinese Consolidated Benevolent Association —conocida también como las Six Companies— contrató a un abogado para su defensa. El caso avanzó, paso a paso, hasta llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos. En 1898, en el histórico juicio United States v. Wong Kim Ark, la Corte falló a su favor: la ciudadanía por nacimiento debía aplicarse a todas las personas nacidas en Estados Unidos, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Fue un reconocimiento que avalaba sin dudas lo consagrado en la Decimocuarta Enmienda.
“Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en que resida”, establece el texto, que le dio plenos derechos a los exescalvos y sus hijos después de la Guerra Civil y fue aprobado por el Congreso el 13 de junio de 1866 y ratificado el 9 de julio de 1868.
Esta decisión no solo marcó la vida de Wong Kim Ark. Gracias a ella, millones de hijas e hijos de inmigrantes —mexicanos, colombianos, venezolanos, brasileños, haitianos, coreanos, nigerianos, entre otros— han crecido con documentos legales, acceso a escuelas públicas, atención médica, becas, y con la certeza de pertenecer.
Ahora ese legado se encuentra en riesgo. En su primer día de regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento. “El privilegio de la ciudadanía no se extiende automáticamente a quienes nazcan en Estados Unidos cuando su madre se encuentra ilegalmente en el país y/o el padre no es ciudadano estadounidense”, señala el texto.
Este jueves, el Tribunal Supremo de Estados Unidos celebra una audiencia clave. No decidirá directamente si el decreto de Trump es constitucional. Pero sí deberá resolver si los fallos que lo han declarado ilegal en los Estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón deben aplicarse en todo el país. El impacto, de cualquier modo, será profundo.
Desde su red social Truth Social, Trump ha defendido la medida. “La ciudadanía por nacimiento no fue para quienes toman vacaciones y se quedan”, afirmó, asegurando que la Enmienda estaba pensada para proteger a los hijos de personas esclavizadas, no a los hijos de inmigrantes indocumentados.
Pero organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y la Chinese for Affirmative Action insisten en que el principio de ciudadanía por nacimiento, consagrado en la Constitución y defendido por Wong Kim Ark hace más de un siglo, no es un privilegio arbitrario. Es un derecho constitucional.
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