El grupo de magistrados jubilados del Tribunal Supremo -como José Antonio Martín Pallín y Clemente Auger- y fiscales anticorrupción también retirados, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, que están intentando reactivar el caso del rey Juan Carlos no se rinde. Después de que el Tribunal Supremo rechazara la querella que habían presentado, estos juristas han enviado un recurso de súplica como último intento ante este tribunal y ya se preparan, según fuentes de este grupo, para acudir al Constitucional si, como es previsible, el Supremo vuelve a rechazar este intento de reactivar la causa.
Los juristas argumentan en su recurso de súplica que el Supremo no ha recabado las pruebas que ellos solicitaban para intentar comprobar el elemento central de su querella, esto es que la regularización de la fortuna opaca del ex jefe del Estado se produjo después de que tuviera conocimiento de la investigación que había contra él, y por tanto no le eximiría del delito.
Por eso los juristas reclaman “la incorporación a las actuaciones del documento oficial en el que se contiene informe de la Fiscalía, cerrado con fecha 22 de marzo de 2022 que pone fin a las Diligencias de Investigación 40/2020 instruidas por la Fiscalía General del Estado. La incorporación de las dos comunicaciones de 20 de junio de 2020 y 9 de noviembre de 2020 realizadas a la representación legal del Rey honorifico Juan Carlos de Borbón y Borbón” y “que se declare que la regularización efectuada por la representación legal del Rey honorifico Juan Carlos de Borbón y Borbón, no cumple los requisitos exigidos por el artículo 305.4 del Código Penal por haber sido realizada después de tener conocimiento formal de la existencia de una investigación del Ministerio Fiscal sobre hechos y actuaciones con relevancia y trascendencia tributaria”. Los juristas creen que el rey emérito cometió cinco delitos contra la Hacienda Pública.
Los hechos por los que se presenta la querella ya fueron investigados por la Fiscalía del Supremo, quién archivó entonces las diligencias al entender que el rey emérito había regularizado su situación tributaria mediante el pago de 678.000 euros en diciembre de 2020 y de 4.395.000 euros en febrero de 2021. La fiscalía interpretó que lo hizo antes de conocer que existía una investigación contra él por fraude fiscal, precisamente lo que discuten los querellantes, que reclaman conocer todas las comunicaciones entre Hacienda y los representantes del rey. La Fiscalía del Tribunal Supremo abrió dos diligencias de investigación el 24 de junio de 2020 y el 6 noviembre de 2020, comunicando las mismas al abogado del rey emérito, sin detallar qué tipo de delitos perseguía.
El rey emérito había ingresado cantidades multimillonarias a través de la fundación Zagatka, presidida por su primo Carlos de Orleans, que pagó hasta ocho millones de euros para servicios privados de Juan Carlos I y del empresario mexicano Allen Jesús Sanginés Krause. Juan Carlos I no declaró en su momento al fisco estos ingresos, pero presentó en febrero de 2021 autoliquidaciones correspondientes a cinco ejercicios fiscales ―de 2014 a 2018― para evitar la sanción.
En el recurso de súplica, los jueces son muy críticos con el auto del Tribunal Supremo que rechazó su querella, que a la vez era muy duro con su contenido técnico. El auto, del que fue ponente el magistrado Manuel Marchena, considera que los hechos no constituyen delito, se encuentran prescritos o fueron objeto de regularización tributaria.
Comentarios