La Administración Trump lleva al Supremo su lucha contra los inmigrantes. El Gobierno republicano ha presentado este jueves una petición de emergencia en el máximo tribunal para que este le permita despojar de las protecciones contra la deportación a 530.000 ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua que se encuentran en Estados Unidos. Trump emitió un decreto a finales de marzo que ponía fin a este programa, conocido popularmente como parole humanitario. La jueza federal Indira Talwani frenó la decisión del Ejecutivo, que entraba en vigor los últimos días de abril.
La petición de emergencia ha sido presentada por el abogado general de la Administración, John Sauer. Este pidió la “intervención inmediata” de los jueces constitucionales porque el fallo de la magistrada de distrito Talwani “ha anulado una de las políticas de inmigración más importantes” para el Gobierno de Trump. El mandatario republicano dio marcha atrás a un programa iniciado por su antecesor, Joe Biden. Este permitió la estancia legal a un número limitado de los ciudadanos de los países mencionados desde principios de 2023.
Talwani, quien llegó al banquillo radicado en Boston nominada por Barack Obama, aseguró en su fallo de abril que la suspensión masiva de protecciones legales otorgadas por Biden no podía ser anulada en bloque. En su lugar, el Ejecutivo debía valorar uno a uno entre los cientos de miles de beneficiados si procedía la anulación o no del parole. “La terminación anticipada, sin ninguna justificación caso por caso, de la situación legal socava el Estado de derecho”, opinó entonces la togada.
Sauer ha argumentado este jueves que la jueza tuvo una interpretación errónea de la ley. La jueza, como han hecho otros magistrados federales en casos recientes sobre migración, han apuntado a la responsabilidad del Departamento de Seguridad Interior y su encargada, Kristi Noem, de llevar a cabo las directrices de política dictadas por la Casa Blanca.
El abogado de la Administración, no obstante, argumenta que Talwani involucró equivocadamente a Seguridad Interior en este caso. Y que la eliminación de las protecciones del parole obedecen solo a uno de los objetivos principales del Gobierno federal, la rápida reducción de la presencia de indocumentados en Estados Unidos.
Sauer cree que la jueza entorpece en una revisión de la ley federal que el Congreso prohíbe en materia de inmigración. “Esto interrumpe innecesariamente políticas que son calibradas con mucho cuidado para frenar la entrada ilegal al país, viciando así facultades exclusivas del poder ejecutivo”, ha afirmado el letrado de Trump.
La Administración lleva semana protagonizando un pulso con los jueces federales que han frenado mediante fallos algunas de las medidas adoptadas por la Casa Blanca. Trump y sus asesores, en especial Stephen Miller, han cargado contra los togados asegurando que estos carecen de legitimidad para imponer su visión sobre la del presidente, quien ganó en las urnas su cargo, a diferencia de los magistrados.
El Gobierno ha puesto en el Supremo su esperanza en que la mayoría conservadora del tribunal constitucional pueda dejar sin efecto la decisión de una corte inferior. Es la misma estrategia que empleada por Washington en un caso similar, en el que la Casa Blanca pretende deportar rápidamente a unos 350.000 venezolanos invocando una norma de tiempos de guerra promulgada en el siglo XVIII. Esta decisión también fue llevada a los tribunales por organizaciones de defensa de derechos humanos, un trámite que puede llevar años.
La estrategia ha dado resultados a Washington en otros litigios. Esta semana, los jueces constitucionales permitieron al Gobierno federal seguir adelante con una decisión que prohíbe a las personas transgéneros servir en el ejército. Esta ley, no obstante, había sido frenada por las cortes inferiores.
Los defensores de derechos humanos han advertido que terminar con el parole tendría serias implicaciones para cientos de miles de personas. Biden había iniciado el programa en octubre de 2022 para ofrecer una vía legal a los miles de venezolanos que llegaban a Estados Unidos durante la crisis migratoria del inicio de su Gobierno.
El programa no garantizaba la residencia permanente ni hacía más fácil el tortuoso camino a la ciudadanía. Atrajo a pesar de esto a más de 117.000 venezolanos. En enero de 2023, la medida se amplió para beneficiar a otros grupos que estaban llegando en cifras récord. Hoy hay 210.000 haitianos, 110.000 cubanos y 93.000 nicaragüenses bajo la protección con la que Trump quiere terminar.
La jueza Talwani advirtió en su fallo que todas estas personas enfrentaban gracias a Trump solo dos opciones: huir del país o quedarse con el riesgo de perderlo todo.
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