Kilmar Abrego García se ha convertido en símbolo de las arbitrariedades e injusticias que la Administración de Donald Trump ha cometido en su campaña de deportaciones masivas. Ríos de tinta han corrido sobre su expulsión a El Salvador, a pesar de que tenía una orden judicial que la prohibía, y la negativa del Gobierno a facilitar su retorno después de que el Tribunal Supremo lo ordenara. Pero el salvadoreño no fue el único migrante deportado indebidamente aquella noche de marzo. Daniel Lozano-Camargo también contaba con un documento judicial que lo protegía de la deportación y aun así fue engrilletado y puesto en un avión rumbo al país centroamericano para, al llegar, ser encarcelado en una prisión de máxima seguridad para “terroristas”.
El caso de Lozano-Camargo ha recibido menos atención mediática que el de Abrego García, pero ha alcanzado los tribunales. Una jueza federal ordenó a finales de abril que la Administración Trump facilitara su retorno al considerar que el venezolano de 20 años había sido deportado en violación de un acuerdo legal de 2024, que prohibía a las autoridades de inmigración expulsarlo del país mientras su solicitud de asilo estuviera pendiente. El Gobierno, sin embargo, se ha negado a traerlo de vuelta.
La jueza de distrito de Maryland Stephanie Gallagher, nombrada por Trump durante su primer mandato, aprobó en noviembre del año pasado un acuerdo legalmente vinculante bajo el cual Estados Unidos se comprometía a no deportar a un grupo de migrantes que ingresaron al país como menores no acompañados hasta que sus solicitudes de asilo fueran resueltas. Lozano-Camargo estaba protegido por esa resolución, alcanzada por el Gobierno de Joe Biden en una demanda colectiva de 2019, que impugnaba un cambio en la política de asilo durante la primera presidencia de Trump.
La identidad de Lozano-Camargo había estado oculta por la corte, bajo el seudónimo “Cristian”, hasta que Politico reveló su nombre en una exclusiva publicada el pasado lunes. El venezolano llegó solo a Estados Unidos con 17 años y solicitó asilo en diciembre de 2022. Su solicitud seguía pendiente cuando fue deportado a El Salvador el 15 de marzo. El joven, junto a otros 237 venezolanos y 23 salvadoreños, incluido Abrego García, fue expulsado del país sin debido proceso en virtud de una ley de 1798 prevista para tiempos de guerra, la de Enemigos Extranjeros, que permite la expulsión acelerada de extranjeros considerados una amenaza.
Los deportados fueron acusados de pertenecer a pandillas latinoamericanas que el Gobierno de Trump ha designado como organizaciones terroristas —la venezolana el Tren de Aragua y la salvadoreña MS-13— y trasladados al Cecot, una megacárcel denunciada por sus malas condiciones y la violación de derechos humanos de los reclusos. Esto a pesar de que la gran mayoría de ellos carecía de antecedentes penales, como han demostrado varias investigaciones periodísticas y como ha reconocido el propio Gobierno. Sus familias y abogados continúan defendiendo su inocencia y reclamando su retorno, y aseguran que muchos de los migrantes fueron detenidos y deportados simplemente por su nacionalidad o por sus tatuajes, sin que se aportaran pruebas suficientes para demostrar cualquier vínculo con las bandas.
Para justificar la deportación de Lozano-Camargo, el Departamento de Justicia inicialmente razonó que la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros sustituía el acuerdo de 2024 que lo protegía de la expulsión mientras tramitaba su petición de asilo. Sin embargo, después de que la jueza Gallagher rechazara ese argumento y ordenara que se facilitara su retorno para que pudiera acceder al proceso “al que tenía derecho”, la Administración cambió de táctica.
En una audiencia este martes, argumentó que aunque el venezolano fuera devuelto a Estados Unidos y su solicitud de asilo prosiguiera, esta sería denegada por supuestamente formar parte de una “banda terrorista violenta”. Por tanto, el Gobierno insistió, su retorno era innecesario, ya que no “serviría a ningún propósito legal o práctico”.
Una vez más, Gallagher discrepó. “No creo que este sea un caso sobre si Cristian conseguirá asilo o no. Si finalmente recibe asilo no es la cuestión. La cuestión es, y siempre ha sido, el proceso”, la magistrada señaló. “No nos adelantamos al final y decimos, ‘todos sabemos cómo terminará esto’. Mi orden exige que Cristian sea devuelto a este país para acceder al proceso”, remató.
Aunque Gallagher pausó su decisión durante 48 horas para que el Gobierno puedo apelar, dijo que si no lo hace o si un tribunal superior no le ordena detenerse, exigirá que la Administración comience a informarle sobre los pasos que está tomando para traer de vuelta a Lozano-Camargo, al igual que ha hecho la jueza a cargo del caso de Abrego García.
Quién es Daniel Lozano-Camargo, o “Cristian”
Su nombre siempre ha figurado en la lista de deportados hecha pública a finales de marzo. Y su historia y fotos han aparecido en varios reportes sobre las expulsiones a El Salvador. Sin embargo, no se supo públicamente hasta esta semana que, como Abrego García, el joven fue deportado indebidamente.
Politico informó el lunes que Lozano-Camargo era realmente “Cristian”, el migrante venezolano cuyo retorno la jueza Gallagher había ordenado a finales del mes pasado. Aunque su identidad había permanecido oculta en los procedimientos judiciales desde abril, el medio fue capaz de identificarlo a través de metadatos incrustados en los archivos judiciales del caso. La magistrada había aprobado el uso del alias para proteger al hombre al considerar que él y otros migrantes en situaciones similares “se enfrentan claramente al riesgo de sufrir represalias en su país de origen, así como en detención en El Salvador y potencialmente dentro de Estados Unidos, si sus identidades se hacen públicas”.
Después de que se publicara su nombre, ha sido posible reconstruir su historia de cómo llegó a Estados Unidos con 17 años y cómo acabó encarcelado en El Salvador con 20, a partir de declaraciones que su familia ha hecho a la prensa y detalles incluidos en documentos judiciales.
Aunque es originario de Maracaibo, Venezuela, Lozano-Camargo emigró a Estados Unidos desde Colombia, donde vivió unos años con un tío. Tras cruzar la frontera sur del país de forma irregular en 2022, fue detenido por las autoridades de inmigración y enviado a un centro para menores, donde permaneció hasta que cumplió 18 años. A partir de ese momento se instaló en Houston, Texas. Presentó una solicitud de asilo y consiguió un permiso de trabajo. Puso en marcha un negocio de lavado de carros, que promovía a través de Facebook, y formó una familia con su pareja y la bebé de ella, a quien consideraba como su propia hija.
Sin embargo, su situación migratoria se complicó el año pasado, tras ser detenido dos veces por posesión de cocaína. Fue arrestado por primera vez en junio y acusado de cargar con entre uno y cuatro gramos de cocaína. Quedó en libertad bajo fianza personal, pero esta se le fue revocada tras no presentarse a una cita judicial en octubre. En noviembre fue arrestado nuevamente, esta vez por poseer menos de un gramo.
En enero de este año, el venezolano se declaró culpable de un delito menor de drogas como parte de un acuerdo con la fiscalía y fue sentenciado a 120 días de cárcel. De ahí, sin embargo, fue entregado a las autoridades de inmigración para ser deportado, a pesar de que tenía un permiso de trabajo válido y una solicitud de asilo pendiente, por lo que no debería haber sido expulsado.
El resto es historia. Lozano-Camargo cumplirá la semana que viene dos meses encarcelado en El Salvador. Su madre, abuela y pareja insisten, por todas las vías posibles, en que el joven no tiene nada que ver con ninguna pandilla. Que sus tatuajes —una rosa, unas manos en oración, una corona, los nombres de su padre y de la hija de su novia, entre otros— fueron usados como justificación para deportarlo.
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