Embarazada de ocho meses, Erika pasó dos días vagando sola por el desierto de Arizona tras haber cruzado la frontera entre México y Estados Unidos de forma irregular. Bajo los rayos directos del sol y temperaturas que superaban los 27 grados, la guatemalteca de 24 años llevaba solo una botella de agua. Cuando ya pensaba que moriría allí, fue encontrada y detenida por las autoridades de inmigración el 28 de abril. Dos días después, dio a luz en un hospital de Tucson con agentes federales apostados fuera de su habitación. Inmediatamente después del parto, la joven supo que iba a ser deportada y se le informó que debía decidir entre abandonar a su hija recién nacida o llevársela con ella.
Sin embargo, gracias a la presión de la gobernadora del Estado y su abogado, Erika consiguió frenar su expulsión y permanecerá junto a su bebé en lo que defiende su petición de asilo. Se salvó —por ahora— de un calvario que otras madres migrantes han sufrido en las últimas semanas, a medida que la Administración de Donald Trump apuesta por deportar a familias enteras como parte de su campaña de expulsiones masivas. Desde febrero, el Gobierno ha deportado a al menos tres familias con niños nacidos en Estados Unidos y que, por tanto, como la bebé de Erika, son ciudadanos estadounidenses.
El primer caso del que se tuvo conocimiento fue el de una niña estadounidense de 10 años que fue deportada a México en febrero junto a cuatro hermanos —tres de ellos también ciudadanos— y sus padres, ambos indocumentados. La familia fue detenida en Texas de camino a una cita médica urgente para la pequeña, que se está recuperando de una cirugía de cáncer cerebral. Tras unas 24 horas de detención, los padres no se vieron con más opciones que aceptar que sus hijos fueran deportados con ellos para evitar ser separados.
A finales de abril, se supo que otras dos familias habían sido deportadas, en esta ocasión, desde Luisiana a Honduras: una mujer embarazada con su hija de 2 años y otra madre junto a sus dos hijos, de 4 y 7 años. El niño de 4 años también padecía de un cáncer, para el cual estaba recibiendo tratamiento en Estados Unidos. Fue enviado al país centroamericano sin su medicación y sin poder consultar con sus médicos. El Gobierno sostiene que ambas madres eligieron llevarse a sus pequeños consigo; ellas, sin embargo, han denunciado que no se les dio otra opción.
A la vez, Trump ha comenzado a separar familias —una práctica que ya empleó durante su primer mandato— con niños nacidos en suelo estadounidense. Hace pocas semanas, una migrante cubana fue deportada de vuelta a la isla sin su hija, a pesar de que la mujer pidió que la niña fuese expulsada junto a ella. La suya, al igual que todas las anteriormente mencionadas, fue una expulsión acelerada, un proceso que permite a las autoridades deportar rápidamente a personas sin que antes pasen por un tribunal de inmigración.
Es el mismo proceso al que se enfrentaba Erika la semana pasada. Tras ser detenida en el desierto de Arizona, la guatemalteca fue evaluada por agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y trasladada a un hospital de Tucson. Los médicos le indujeron el parto el miércoles, y tras dar a luz, fue separada de su bebé. Ella fue dada de alta y puesta de nuevo bajo custodia del CBP para ser deportada mientras su hija permanecía en el hospital.
Pero esta vez, quizá porque pocos días antes fueron deportadas dos madres en situaciones muy similares a la suya, el caso de la guatemalteca no tardó en acaparar la atención de la prensa y los políticos locales. Especialmente después de que su abogado, Luis Campos, denunciara que las autoridades federales no le estaban permitiendo reunirse con ella y que la tenían “secuestrada”.
Desde Guatemala, la madre de Erika se puso en contacto con Campos para que la representara y le ayudara a solicitar asilo. Sin embargo, cuando el letrado acudió al hospital para verla, varios agentes le bloquearon físicamente el paso, exigiéndole que presentara un formulario oficial que le identificara como su abogado, según contó al Arizona Daily Star. Campos llevaba consigo el documento y solo necesitaba la firma de la mujer, pero los agentes le indicaron que ni a él ni a ningún funcionario del hospital se les permitiría entrar al cuarto para que Erika pudiese firmarlo.
Mientras Erika permanencia “incomunicada”, según su abogado, la gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, contactó con funcionarios federales y locales para indagar sobre su bienestar y el de su bebé. “Si bien la gobernadora Hobbs apoya asegurar la frontera, ha sido clara en su oposición a las prácticas inhumanas de aplicación de la ley de inmigración”, publicó su portavoz en redes sociales el viernes.
Ese mismo día las autoridades de inmigración dieron marcha atrás. En vez de deportarla por la vía rápida, decidieron someterla al procedimiento normal de expulsión y le dieron una fecha para comparecer ante un tribunal de inmigración, donde podrá defenderse con la ayuda de su abogado.
“Cambiaron de parecer y lo hicieron bajo presión”, señaló Campos a la CNN sobre el caso de su clienta. El letrado sostiene que el soporte público que la mujer recibió y el clamor que hubo por lo que le estaba ocurriendo fueron claves a la hora de evitar su deportación. Hubo varias protestas a las afueras del hospital donde dio a luz, así como una oleada de apoyo en internet y en las redes sociales.
Erika y su hija se reencontraron el sábado, cuando fueron puestas al cuidado de una organización no gubernamental de Phoenix. Ahora la joven intentará solicitar asilo, después de haber huido de una situación violenta en Guatemala. El siguiente paso en su caso debe ser una entrevista de miedo creíble, en la que deberá demostrar las razones por las que no puede volver a su país natal.
“Eso es lo que queríamos desde el principio”, indicó Campos a la CNN. “Una simple oportunidad de comparecer ante un responsable imparcial, un juez de inmigración, en la que se le permita aportar pruebas que respalden su solicitud, prestar testimonio, aportar testigos que corroboren también su versión de los hechos, tener un abogado en ese procedimiento”.
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