La Conferencia Sectorial de Infancia se celebró este lunes con un objetivo improbable: lograr el apoyo unánime de las comunidades autónomas a los criterios con los que se reubicarán en otras regiones miles de menores migrantes que se hacinan en Canarias y Ceuta. Tras cuatro horas de reunión en Madrid, el resultado ha sido el previsto: lo único casi unánime que salió de esa reunión ha sido el rechazo de las comunidades gobernadas por el PP. La conferencia, sin embargo, más que una negociación real, se ha convertido en una cita para que cada actor interprete su papel, aun sabiendo que no habrá cambio de guion. La jornada, de hecho, se ha saldado sin llegar a votar los criterios tras concluir el Gobierno que no iba a haber la unanimidad requerida para introducir cambio alguno. Tras el intento frustrado de buscar el consenso, el Ejecutivo, con el cambio de ley de extranjería como respaldo, activa su plan previsto para comenzar las reubicaciones a partir de julio.
En la sala, todas las consejeras de las comunidades del PP han actuado en bloque, con intervenciones coordinadas, y se han mantenido en comunicación permanente a través de un grupo de WhatsApp, según fuentes presentes en la reunión. Prácticamente todas han alegado sobreocupación de los recursos de acogida de sus comunidades autónomas. “Incluso hemos tenido que escuchar que La Rioja [la comunidad que menos menores migrantes acoge] está saturada”, sostienen esas mismas fuentes.
La cita de este lunes era un paso necesario para que el Gobierno siguiera en marcha con la ruta trazada, después de que el pasado 10 de abril lograra en el Congreso la convalidación para cambiar el artículo 35 de la ley de extranjería e imponer con ello la redistribución de menores migrantes. La reforma, avalada finalmente por Junts y vetada por PP y Vox, permitirá que en momentos en los que una comunidad triplique su capacidad de acogida puedan activarse traslados a otras regiones. En lo inmediato, servirá para que unos 4.000 menores que están en Canarias y otros 400 que están en Ceuta sean trasladados a la Península.
Lo que se debatía este lunes eran los criterios con los que se hará, que ya están reflejados en el cambio legislativo. Son muy parecidos a los que ya se habían negociado para repartos voluntarios —población, renta, desempleo…—, pero se añaden otros que ponderan qué comunidades han hecho un esfuerzo sostenido en el tiempo, abriendo plazas de acogida, y cuántos menores han acogido ahora y en los últimos años. Estos últimos determinan mayores cupos de reparto para algunas comunidades autónomas, la mayoría en manos del PP, y mucho más limitados para Cataluña y País Vasco, que históricamente han invertido más en sus sistemas de acogida.
Los criterios iniciales ya eran cuantitativos, pero el Gobierno necesitaba los votos de Junts y el PNV y estas formaciones exigieron a cambio de su voto que se reconociese el despliegue que ya se había realizado en Cataluña y País Vasco. Y ese es, precisamente, uno de los puntos que ha servido como bandera a las comunidades del PP para oponerse a las cifras de la redistribución. La consejera madrileña, Ana Dávila Ponce de León, que ha hablado en nombre de todas las del PP a su llegada a la reunión, lo ha cuestionado así: “De los 4.000 menores extranjeros no acompañados que pretende repartir como mercancía el Gobierno de España, 2.000 irán para tres comunidades autónomas del Partido Popular: Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana”.
El rechazo de los populares se planteó hasta en el tipo de convocatoria que se ha hecho de esta reunión, extraordinaria y urgente en lugar de ordinaria. Una cuestión aparentemente menor, pero que podría ser clave en la batalla jurídica que se avecina. La consejera madrileña ha afirmado que esa forma es ilegal pues el Gobierno sabía “desde hace mucho tiempo que tiene que pasar este trámite, pero no lo ha querido pasar de forma ordinaria”. La ministra Rego ha defendido que cuenta con el respaldo de sus servicios jurídicos y que el reglamento de la propia conferencia sectorial contempla la posibilidad de hacer convocatorias extraordinarias. “Lógicamente todo está avalado por el cuerpo jurídico del Gobierno, por lo tanto, entendemos que cumple absolutamente todas las garantías”, dijo.
Sin embargo, al cierre del encuentro, la ministra Rego ha confirmado que se convocará de nuevo otra conferencia sectorial, esta vez en sesión ordinaria, para permitir otra oportunidad de llegar a un consenso. Para Canarias, la principal interesada en que esto salga adelante, esta nueva convocatoria retrasa los planes. “Esto me deja una sensación de que no hemos avanzado nada, de que hoy pensamos nosotros que íbamos a empezar a cumplir el plazo del real decreto, pero hemos dado un paso atrás”, ha señalado al salir de la reunión la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado. La ministra, por su parte, ha dicho que se sigue adelante tal cual estaba previsto.
La batalla judicial está servida. Madrid ya ha acudido al Tribunal Constitucional para frenar cualquier intento del Gobierno central de intervenir, directa o indirectamente, en una competencia autonómica. Aragón también lo ha hecho ya y otras comunidades gobernadas por el Partido Popular —como Cantabria, Comunidad Valenciana o Extremadura— han anunciado su intención de seguir el mismo camino. Por su parte, el Gobierno también planea llevar al Constitucional a Aragón, la única comunidad que ni siquiera ha enviado los datos sobre su sistema de acogida —porque recurrió la propia petición de información—, unos datos fundamentales para calcular la capacidad que debe tener cada región y los cupos que deberá asumir. El recurso está pendiente del (inminente) dictamen del Consejo de Estado.
La bronca no era ninguna sorpresa. En el Ministerio de Rego ya contaban con que la reunión estaría marcada por los ataques a la gestión del Gobierno central. Especulaban incluso con que las consejeras del PP expondrían sus posiciones y se marcharían, escenificando así un plante coordinado.
Pero el rechazo de la mayoría de las comunidades a la fórmula impuesta por el Gobierno no es tan homogéneo como parece. Ceuta, gran beneficiada de los traslados, siempre se ha mostrado a favor, y su presidente, el veterano Juan Jesús Vivas, se ha esforzado, sin éxito, en cambiar la posición de su partido. Lo mismo ocurre con el PP de Canarias, que ha apoyado la propuesta en las islas, mientras sus correligionarios la defenestraban en la Península.
El País Vasco, por su parte, es uno de los versos sueltos de este escenario. Fuentes de la consejería recuerdan que ellos mismos apoyaron los criterios actuales de reparto, aunque les gustaría que se diese más peso al esfuerzo de acogida, lo que se traduciría en menos menores a recibir. Los vascos también pidieron dentro de la reunión celeridad, compromiso al resto de comunidades autónomas y que el Gobierno no se olvide de implementar un plan integral de inmigración. Hay también comunidades que tienen reparos legítimos y no solo ideológicos. Algunas temen que los traslados alteren sus modelos de acogida basados, por ejemplo, en mantener a los menores en centro con pocas plazas para atenderlos mejor.
El próximo paso para poner en marcha los traslados previstos en julio será aprobar el real decreto con el que detallarán los pasos a seguir. El texto, que debería estar aprobado en junio, recogerá la letra pequeña de todo el procedimiento: desde quién toma las decisiones a qué hacer en caso de que los responsables de infancia de una comunidad no cumplan con el mandato de atender a los menores trasladados.
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