“La mañana del 30 de marzo de 2021 recibimos aviso de los familiares de José Antonio, de 72 años y vecino de Figueruela de Arriba (Zamora), poniendo en conocimiento que se había marchado de casa andando hacía pocas horas y que aún no había regresado. Se inició dispositivo de búsqueda, pero no fue posible localizarlo”.
“Un mes después, un hombre al que llamaré Roberto, de 62 años, llamó a las 5:00 horas a un familiar suyo manifestando que se encontraba atascado con su vehículo en las cercanías de una localidad de Zamora. Roberto no sabía dónde se encontraba al estar desorientado. Sobre las 13:00 horas, Roberto dejó de comunicarse telefónicamente con nosotros. A las 17:00, una persona localizó su coche y, una hora después, a varios metros del vehículo, desde el helicóptero de la Guardia Civil se vio su cadáver entre unos matorrales”.
“En menos de un mes habíamos tenido en la provincia los dos casos de desapariciones más trágicos que se puede tener”.
Quien lo narra, en conversación con EL PAÍS, es Héctor David Pulido García, jefe de la Comandancia de Zamora de la Guardia Civil. Cuando desapareció José Antonio, él llevaba seis meses en el puesto. Estos dos casos, asegura, le dejaron marcado, y provocaron que se empezara a formar específicamente a los miembros de la Guardia Civil de Zamora en técnicas y procedimientos en búsqueda de las personas desaparecidas de manera involuntaria en el medio rural. También, en 2022, se celebraron las primeras Jornadas sobre Desapariciones Involuntarias en el Medio Rural. “Podemos sentirnos muy orgullosos del éxito de los dispositivos de búsqueda y localización de personas. El 100% de las personas desaparecidas de forma involuntaria desde 2022 han aparecido, y las cinco que aparecieron sin vida, fallecieron antes de iniciar el dispositivo de búsqueda”, afirma Pulido.
En Zamora, en 2024, desaparecieron 23 personas, es decir, una cada 16 días. En todos los casos se la encontró, aunque en cuatro fue hallada sin vida. Los pasados 1 y 2 de abril se celebró en la capital zamorana una nueva edición (la 4ª) de las jornadas sobre desapariciones, en la que se repitió una frase: “Cada minuto cuenta”. Por ello, durante su exposición, Jesús José González Tejada, jefe de Operaciones de la Comandancia de Zamora, se afanó en desmentir esa leyenda urbana de que hay que esperar 24 horas para denunciar. “No es cierto”, afirmó con rotundidad en la presentación. Es más, “ni siquiera es necesario presentar la denuncia por escrito, no vamos a esperar a que la persona vaya a una instancia policial, ya se pondrá la denuncia por escrito a posteriori. Lo primero es el aviso, y luego ya se hará la denuncia formal”, prosiguió en su exposición.
No afecta que la persona aparezca antes de que la primera patrulla llegue al lugar. “No nos cuesta nada darnos la vuelta y desactivar el dispositivo. Preferimos mil veces que ocurra esto, a que se retrase la comunicación ‘por si aparece’”, dice el jefe de operaciones a este diario. También concreta que esta alerta la suelen dar los familiares, aunque puede suceder, sobre todo cuando el desaparecido o la desaparecida vive sola, que la voz de alarma salga de algún vecino que lleva tiempo sin ver a la persona.
Zamora consta de 248 municipios (de los que 233 tienen menos de 1.000 habitantes) y 518 núcleos de población. Para facilitar el proceso, en febrero de 2024 se puso en marcha la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC), que se desplaza al domicilio del denunciante: “Ha servido para que gente que no podía moverse tuviera la posibilidad de denunciar”, comenta.
¿Cómo se actúa en Zamora ante una desaparición involuntaria?
Una vez que se recibe el aviso, se convierte en la máxima prioridad para la Comandancia de Zamora: “Todo lo demás queda supeditado a ello”, aseveró González en las Jornadas. Porque, otro mito a desmentir, es que estos dispositivos de la Guardia Civil tienen un coste para los familiares.
La primera patrulla que llega, continuó el jefe de Operaciones, recaba toda la información posible acerca del coche, dispositivo móvil, vestimenta, estado de salud, propiedades, hábitos diarios, actividades programas, si padece algún deterioro cognitivo o si es reincidente (en toda España, el 56% de los desaparecidos son reincidentes). Toda esa información se transmite al Centro Operativo de Servicio (COS), que activa definitivamente el dispositivo con el envío de más patrullas, y pone en aviso al personal de Seguridad Ciudadana, del Seprona, al fiscal, etcétera.
La siguiente fase comienza con la graduación del dispositivo (en función de los equipos en servicio y de la gravedad o peligrosidad de la incidencia), se activa la OMAC y el equipo Pegaso (Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional). También se instala el puesto de mando avanzado, con una carpa impermeable anexa, que serán donde, desde ese momento, se tomen las decisiones.
En el dispositivo de búsqueda, explicó González a los asistentes a la jornada, colaboran también agentes y agrupaciones de protección civil, bomberos, agentes medioambientales y asociaciones de voluntarios. Los grupos para realizar las batidas están formados por entre cinco y 10 personas, siempre han de estar liderados por un guardia civil y deben llevar, al menos, un dispositivo GPS.
Los trabajos no se interrumpen por la noche, aunque se adaptan: se va por zonas controladas, con algo de visibilidad, caminos, cunetas, alrededores de localidades y se potencia el uso de drones. A partir de las 48 horas, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) también empieza a trabajar. Si hay un signo de violencia, subrayó González, paran “y se hacen cargo ellos de la búsqueda”. “Cuando la búsqueda se alarga sin éxito, la investigación no se cierra, pero se amolda: hay revisiones periódicas, contactos con los familiares…”, concluyó el guardia civil.
El perfil de los desaparecidos
Zamora tiene la edad media más alta de España: 51,5 años; el segundo mayor porcentaje del país en mayores de 65 años: 32,41%; y el más alto en mayores de 90 años: 3,15%. Si a eso se le suman las características demográficas de la provincia, no extraña que el perfil del desaparecido sea el de un hombre, de edad avanzada (mayor de 70 años), que vive en una localidad con pocos habitantes, que en muchas ocasiones presenta algún tipo de deterioro físico o mental. “Que el lugar en el que se ha producido la desaparición tenga una geografía y vegetación que, no solo facilita que una persona se desoriente cuando está paseando por el campo, sino también que dificulta sobremanera su localización”, apunta Pulido.
También sucede con personas que viven solas. En el año 2012, se puso en marcha por parte de la Comandancia de Zamora el Plan IDOSO, que consiste en tener censadas, de manera voluntaria, a todas aquellas personas de colectivos vulnerables (de avanzada edad, con deterioro cognitivo, con problemas de movilidad, etc.) que puedan vivir solas o aisladas.
Como ejemplos, indica Pulido a preguntas de este medio, ellos saben “quién tiene la llave de un domicilio por si hay que entrar porque su dueño no puede abrir la puerta (fallecimientos, caídas, etc.)”. O disponen “del teléfono de contacto de familiares que no viven en el pueblo y que haya que hacerles alguna comunicación”. Actualmente, hay 1.600 personas censadas en el Plan IDOSO.
El trato con los familiares
“Tener a un familiar desaparecido puede ser la situación más angustiosa que pueda vivir un ser humano”, esta frase, pronunciada durante su ponencia en las Jornadas de desaparecidos por Nuria Vinuesa Fabián, del Departamento de Atención a las Familias del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), incide en otro de los aspectos sobre los que más se disertó en las jornadas: el trato con las familias.
Ana Isabel Álvarez Aparicio, psicóloga forense y experta en intervención psicológica en desapariciones, afirma que, cuando una persona desaparece se ven afectadas, de media, entre seis y nueve personas. Los familiares, detalla, sufren depresión, disociación, trastornos del sueño, distanciamiento social, pánico, entre otros. De ahí que sea necesaria una atención psicológica a las familias por personal especializado durante todo el proceso. “Esto impactará en el entorno más cercano, y puede reducir la posibilidad de reincidencias”, señala. Si el trato no es bueno, advierte Aparicio, “impactará negativamente en la investigación, porque no confiarán en nosotros, y será difícil que colaboren y que den información clave”. En sus palabras, “los mayores niveles de malestar no van ligados a las técnicas aplicadas, sino al trato que se les dispensa, cuando es rápido o poco compasivo y empático”.
Lógicamente, los agentes que están sobre el terreno juegan un papel basilar en todo esto. Tal y como explicó en su ponencia durante la jornada Marcial Bravo, jefe de Servicio del CNDES, se está trabajando en un nuevo Protocolo Unificado de Actuación (para toda España), el cual establecerá la necesidad de crear, en cada dispositivo, la figura del responsable policial, que será quien atienda a las familias desde el primer momento. “Las familias nos han demandado ese derecho especial a la información, su necesidad de conocer puntualmente cualquier dispositivo o avance”, señaló.
Sobre esto, Pulido deja claro que la familia debe estar informada en todo momento. “El primero que debe enterarse de que una persona ha aparecido es, lógicamente, quien lo encuentre, después el jefe del dispositivo, luego la persona de contacto de la familia y luego el familiar”.
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