En una carretera sin pavimentar, en la zona rural de Cartagena del Chairá, al sur de Colombia, sobresalen letreros de madera entre la maleza. “Prohibida la tala de árboles”, se lee en letras apenas visibles por el barro. Unos veinte metros más adelante, el paisaje desmiente el aviso: un claro con los troncos aún tiznados y las ramas cubiertas de ceniza, deja ver el rastro fresco de una tala y quema de bosque. En esta región entre los Andes y la amazonía, los líderes sociales denuncian que la disidencia de las extintas FARC que lidera alias Calarcá Córdoba, y que mantiene una negociación de paz con el Gobierno, obligó a suspender un proyecto comunitario para reforestar 12.000 hectáreas. Después, se lo apropió y lo presentó en los diálogos de paz con el Gobierno.
Se trata del “Proyecto de restauración comunitaria de la conectividad andinoamazónica”, liderado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), que buscaba integrar a 4.000 familias del departamento del Caquetá para convertirse en guardianes ambientales y consolidar una red de protección y reforestación. La idea se formalizó en abril de 2024 y comenzó a ejecutarse en agosto pasado pero, según las comunidades, permanece suspendido por órdenes de alias Cipriano, el comandante local de la disidencia. “Nos dijo que había que parar el proyecto hasta que ellos evaluaran si les servía para su negociación”, dice un líder ambiental que pide la reserva de su identidad para evitar riesgos de seguridad.
Justamente, el pasado 16 de abril se conoció en la región un documento que firman las dos delegaciones de paz y que dicen que, en los próximos ciclos de discusión, se priorizará la “construcción de un plan para la recuperación de la conectividad andino-amazónica”. Una persona que participó en la última reunión entre el Estado y la disidencia confirma que, allí, “ellos [la delegación de Calarcá] mencionaron el proyecto del Instituto Sinchi”. “Exigieron que su ejecución se diera en el marco de la negociación, junto a ellos”, afirma.
Rigoberto Abello, presidente de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (Coordosac), lo dice de frente: “No entendemos por qué [las disidencias] hablan de apuestas ambientales, cuando los que nos hemos preocupado por el tema hemos sido nosotros los campesinos, que hemos resistido a las órdenes de ellos de tumbar selva”, reclama. Norvey Segura, integrante de la organización, explica que ese arraigo comunitario pudo ser parte del problema. “La idea es tan sólida, que no había lugar a que los grupos armados lo controlaran. De pronto eso fue lo que no les gustó”, señala.
En el proyecto, cada familia destina al menos tres hectáreas a la conservación ambiental y el Gobierno les entregaría cerca de 19 millones de pesos (4.500 dólares) a cada una, además de capacitaciones a 200 personas de las comunidades, con formación certificada. La entonces ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, destinó 100.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) para su ejecución durante tres años. La puesta en marcha se hizo con 40 juntas de acción comunal, la organización social de base en las veredas del país, para construir planes veredales de restauración que se implementarían con cuatro empresas locales de restauración.
El lanzamiento fue vistoso: estuvieron presentes el gobernador y alcaldes de 11 municipios. Carlos Hernando Rodríguez, líder del proyecto y coordinador en Caquetá del Instituto Sinchi, comenta que es “la apuesta institucional comunitaria más relevante y de mayor impacto en la Amazonia y los Andes”. Según él, “estaba llamado a ser una propuesta a nivel nacional”.
Pero, desde enero, líderes comunitarios de los 11 municipios han recibido comunicaciones, mensajes o llamadas en las que les prohibían iniciar con el proyecto de reforestación. Elina Marcela Doncel, una lideresa social, explica que los armados definen todas las reglas en la región. “Si quieren, determinan multas para quien tale árboles, y la gente les corre. Pero también nos han ordenado tumbar árboles, y con consecuencias para el que no lo haga”, explica. Las órdenes de talar suelen estar dirigidas a construir carreteras ilegales, que sirven para las economías ilícitas, o a allanar la tierra para sembrar cultivos o criar ganado.
En enero, cuando se había cumplido con la primera fase de la capacitación a los gestores ambientales y los beneficiarios iban a entregar al Instituto la delimitación de la tierra a reforestar, el proceso se diluyó. Un campesino del corregimiento de La Unión Peneya que iba a comenzar la construcción de un vivero para vender plántulas, contó que el comandante los amenazó. “Nos dijo que esa tierra que estábamos preparando era que ponerla a producir, que nada de sembrar arbolitos”, narra.
Otro líder del municipio de Doncello, cuenta que había intereses económicos de todos los grupos ilegales con presencia en la zona. “Nos citaron a una reunión para preguntar cuánta gente estaba metida ahí, les dijimos que éramos 4.000, nos dijeron que cómo hacíamos”, señala. “Los ‘Mordiscos’ [haciendo referencia a la disidencia que lidera Iván Mordisco] y los Calarcá quieren plata de ahí”, afirma. Recuerda que esas mismas disidencias, cuando eran parte de un mismo grupo, fomentaron la conservación. “Hace un año nos decían que no podíamos talar más o nos multaban, pero era porque estaban en buenos términos con el Gobierno”.
El proyecto más sólido de reforestación de la Amazonía llegaba cuando Colombia había registrado la cifra de deforestación más baja de los últimos 23 años, en 2023. No obstante, en 2024, esa tendencia se revirtió y Colombia vio aumentar su pérdida de bosques, con 107.000 hectáreas arrasadas. En octubre, la oenegé Crisis Group reveló que el Estado Mayor Central, la sombrilla de disidencias que aún lidera Mordisco y de la que se escindió el grupo de Calarcá Córdoba, es uno de los grandes responsables de la pérdida de bosque amazónico. En un informe explica que en diciembre de 2023, cuando las negociaciones estaban en un momento de alta tensión, levantaron las restricciones sobre la tala. “El EMC ha relajado las restricciones a la deforestación en parte para demostrarle al Gobierno cuánto daño pueden llegar a infligir al medio ambiente”, se lee.
Una persona cercana a las negociaciones de paz y al proyecto acoge esa hipótesis. Reafirma que una de las molestias del grupo armado se gestó el año pasado, cuando la ministra atribuyó la mejora en la deforestación al Estado. “Les molestó que no reconocieran que ese delito paró en 2023, en gran medida, porque ellos lo prohibieron en los territorios”. Lo mismo dice el informe: “Las restricciones impuestas por los grupos armados fueron decisivas para esa caída”.
La molestia de los disidentes es tal que desde el año pasado prohibieron el ingreso de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y de Parques Naturales a las áreas protegidas en la Amazonia que están bajo su control. “Con eso ya se evidencia quién manda”, cuenta un funcionario de una de esas entidades, en una conversación informal. Dos habitantes de La Montañita, al occidente del departamento, dicen que las últimas dos semanas, cuando la crisis en la mesa con Calarcá se hizo evidente, llegó otra orden. “Nos dijeron que cada finca tenía que tumbar 10 hectáreas [de bosque]”, susurra.
Rodríguez, el vocero del Sinchi, es enfático en decir que el proyecto no está suspendido, algo que tendría implicaciones legales. “Se han limitado las actividades de campo por decisiones internas en los territorios, pero seguimos avanzando en aspectos técnicos, convenios, proyecciones y generando protocolos”, indica. Este diario consultó a Camilo González Posso, jefe de la delegación de Gobierno en la mesa con la disidencia de Calarcá, pero no contestó las llamadas.
Un integrante del grupo armado que participa en las negociaciones asegura que desconoce las denuncias. “Nosotros hemos sacado dos leyes ambientales para las áreas del Bloque [Jorge Briceño, la estructura que es núcleo de la disidencia de Calarcá]: una en 2018 y otra en 2024″, responde. La agenda ambiental está en el primer punto de esa negociación de paz, que enfrenta una fuerte crisis. Para la gente en el Caquetá, eso no es más que una incoherencia.
*Invitación de la iniciativa Comunidades que Transforman de la Unión Europea, ICTJ (Centro Internacional para la Justicia Transicional, por sus siglas en inglés) y El Espectador.
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