México y Estados Unidos apuntan ahora a las redes de huachicol fiscal, el contrabando de gasolinas a gran escala entre los dos países, en ambas direcciones fronterizas, del sur al norte y viceversa. Esta modalidad de contrabando, que evita el ingreso al fisco de miles de millones de dólares al año, toma así el relevo en la lista de emergencias binacional a la migración o, más recientemente, al fentanilo, protagonista de la guerra arancelaria que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado contra el mundo y que México, uno de sus principales socios, intenta sortear.
En varios operativos realizados en las últimas dos semanas en Texas, Tamaulipas y Baja California, agencias de seguridad de ambos países han intervenido buques, y han decomisado millones de litros de combustible, decenas de pipas y camiones, y otros activos de empresas, constituidas para dar apariencia legal al contrabando. A la vez, el Departamento del Tesoro estadounidense ha anunciado nuevas sanciones para redes de huachicoleros, vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y sus empresas. Agencias de law enforcement de EE UU lanzaron además un operativo a finales de abril, contra un gigante del comercio de combustibles fronterizo, Arroyo Terminals, por contrabando y lavado de dinero.
En México, el huachicol es un término habitual desde hace años, referido originalmente a la succión ilegal de combustible de los ductos de la empresa pública nacional, Pemex, o a la extracción irregular de gasolinas de las refinerías de la compañía. En diferentes estados del país, caso de Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas o el Estado de México, la situación hace siete años era alarmante. Durante los primeros meses de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a principios de 2019, el Ejército llegó a acampar sobre los tramos de ducto preferidos por las mafias, para evitar que abrieran los ductos para ordeñar combustible.
Aunque hubo reducciones temporales en las tomas clandestinas detectadas en los ductos en esos y otros estados, con el paso de los años la alarma ha vuelto a prenderse. Los huachicoleros siguen picando los ductos de la petrolera estatal, alentados precisamente por la variante fiscal. Los criminales succionan petróleo crudo en México, lo pasan de contrabando a Estados Unidos, donde lo refinan, y lo traen de vuelta al sur de la frontera, etiquetado como un producto distinto, habitualmente aceites o lubricantes de poco valor, para evitarse los impuestos del ramo. Para el Departamento del Tesoro de EE UU, las diferentes variantes del huachicol supone la segunda actividad más lucrativa para el crimen organizado, detrás del narcotráfico.
En México, en los últimos tres días de marzo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sorprendió al país con la incautación, en dos operativos distintos, de 18 millones de litros de combustible. El primer operativo fue en Ensenada, Baja California. La dependencia informó del decomiso de ocho millones de litros de hidrocarburo, en un predio de Ensenada, gracias a una denuncia anónima. Tres días después, la secretaría anunció la intercepción de otros diez millones de litros, cerca de Tampico, Tamaulipas, del lado contrario del país, en el Golfo de México. En ambos casos, los importadores habían falsificado los registros de importación para ahorrarse impuestos.
Aunque el Gobierno no ha dado más detalles, una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señaló que la empresa importadora del combustible incautado en Tampico, Intanza, estaba vinculada a Francisco Javier Antonio Martínez, un alto funcionario de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), en Tampico. A la vez, la periodista Fátima Monterrosa denunció que esa misma empresa, Intanza, estaba detrás de la importación de los millones de litros decomisados en Ensenada, y detallaba la red de compañías importadoras y trasportadoras, vinculadas a la trama, conectadas en un punto también con viejos operadores del Cartel del Golfo.
En Estados Unidos, los últimos días de abril también ha sido movidos. Agencias de seguridad federales allanaron hace unos días los predios de una empresa, Arroyo Terminals, con sede en Texas, dedicada a la compraventa de combustibles. En investigaciones distintas, la justicia de aquel país señala que la empresa importó combustible de manera ilegal, lo refino, lo vendió, y lavó decenas de millones de dólares obtenidos de su venta posterior. Pocos días después, el 1 de mayo, el Departamento del Tesoro informaba de la imposición de sanciones contra una red familiar de huachicoleros, liderada presuntamente por César Morfín, alias Primito, supuesto líder del CJNG en Tamaulipas.
Primito es un viejo conocido de las autoridades mexicanas. Documentos de inteligencia del Ejército, divulgados por el grupo de piratas informáticos Guacamaya, lo colocaban en 2022 al frente de Los Metros, una de las facciones del dividido Cartel del Golfo, con presencia fuerte en Reynosa y otros cinco municipios del entorno. El Departamento del Tesoro explica que, en los años siguientes, Primito estableció una alianza con el líder del CJNG, Nemesio Oseguera, alias Mencho. Dedicado al tráfico de drogas, Primito “ha reorientado recientemente sus actividades al contrabando de petróleo crudo a EE UU, que obtiene de diferentes fuentes, y al cobro de piso a otros operadores que mueven crudo igualmente al país de la misma manera”, señala la dependencia.
Tenga relación o no con los decomisos de marzo en Ensenada y Tampico, o con la irrupción de las agencias estadounidenses en los predios de Arroyo Terminales, el caso del Primito se suma a las sanciones que anunció el Tesoro estadounidense en septiembre, todavía con Joe Biden en la presidencia, contra otra red de huachicoleros. Entonces, los objetivos fueron 26 empresas y nueve personas, vinculadas igualmente al CJNG. El líder de esta red era Iván Cazarin Molina, alias Tanque, con operaciones en Jalisco y Veracruz. El Tesoro aseguraba que el Tanque era muy cercano al Mencho. El Tanque, decía la dependencia, tenía depósitos para almacenar miles de litros de combustible cerca del Puerto de Veracruz y una red de gasolineras, donde vendía el combustible robado. También vendía a terceros, que lo llevaban de contrabando hasta Texas.
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