El ciudadano que decida ir a votar en Durango este 1 de junio por alguno de los cargos judiciales en liza se encontrará ante una situación inédita. En su boleta aparecerán 49 candidatos a juez o magistrado dispuestos a ser elegidos por primera vez en la historia por sus vecinos, con un único problema: 49 son también las vacantes que deberán resolverse tras la votación popular. Hay un solo aspirante para cada uno de los cargos estatales: todos ellos aprobados simultáneamente por los comités de evaluación del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial que, además de ratificar los mismos nombres, decidieron no postular a ningún otro candidato. No importa lo mucho que se esfuerce el elector por conocer otras opciones, la victoria de los contendientes está garantizada desde mucho antes de que ellos intervengan.
Este es el caso más paradigmático de un problema que, sin embargo, trasciende los comicios de este Estado del noroeste. El 1 de junio se elegirán casi 900 cargos judiciales a nivel federal y otros 1.800 repartidos entre los 19 Estados que harán lo propio en sus circuitos. Sin embargo, en algunos lugares y para algunos puestos, los ciudadanos no podrán elegir nada porque las candidaturas únicas han anulado de facto la elección. Laurence Pantin, cocoordinadora del Observatorio de la Justicia del Tec de Monterrey y directora de Juicio Justo, hizo el promedio de candidaturas por entidad y enseguida sobresalió un dato: al menos en siete Estados, la media de aspirantes por vacante está por debajo de dos. Esto le hizo saltar las alarmas. Fue a revisar esos Estados y vio que la baja tasa de competitividad, sumada a otros factores, se traduce en algunas de esas entidades en que haya puestos asignados sistemáticamente de antemano, como en Aguascalientes, Coahuila y Quintana Roo.
En estos dos últimos Estados las elecciones nacen distorsionadas desde un inicio: los ciudadanos no podrán elegir individualmente a sus candidatos favoritos, solo optar por la plantilla al completo presentada por uno de los tres poderes. Si quieren votar por los candidatos del Ejecutivo en materia civil, tendrán que cargar también con los que este poder postuló para los asuntos mercantiles, penales y laborales, por ejemplo. Este diseño garantiza el triunfo de los aspirantes que aparecen en las listas de los tres comités antes siquiera de que la votación comience, como en Durango, y hay muchos que cumplen esta condición.
En Coahuila se presentan 134 candidatos para 106 cargos: 82 son candidaturas únicas. El caso es especialmente grave en una materia tan sensible y con tantos intereses involucrados como la penal. Hay 32 vacantes para esta especialidad y solo 37 nombres: 29 aparecen en las tres plantillas, luego tendrán pase directo. “El hecho de que los tres poderes se pongan de acuerdo para que haya puras candidaturas únicas es una burla. A las personas se les prometió que iban a poder decidir quiénes son sus juzgadores y, en estos casos, que vayan a votar o no, nada cambiará. Es como si hubiera un candidato único para presidente de la República. Quién estaría conforme con eso. ¿Por qué para los jueces podríamos aceptarlo?”, plantea Pantin, que pone el dedo en la llaga: “No es cualquier cargo, son cargos que les interesa tener muy controlados. ¿Qué tan independientes van a ser las personas que deben su puesto a un acuerdo político entre los tres poderes?”.
El escenario que se abre en este y otros Estados puede traer graves consecuencias. Los gobernadores van a poder ejercer un gran control político en los casos que les interesen, vaticina Javier Santiago Castillo, experto judicial y exconsejero del antiguo Instituto Electoral Federal. El especialista recuerda, por ejemplo, el conocido proceso de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, atacada con ácido en 2019 por orden, presuntamente, del que fue su pareja, el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal. “Ese caso trascendió políticamente al ámbito nacional, pero judicialmente quedó en el ámbito local, y no termina de resolverse de una manera idónea porque el autor intelectual tiene relaciones políticas que lo han protegido”, argumenta Santiago Castillo.
En Quintana Roo, con el mismo diseño por plantillas que Coahuila, ocurre algo similar. Hay 167 aspirantes para 117 vacantes: 60 son candidaturas únicas, 52 de ellas para ser juez de primera instancia, la mitad. En Aguascalientes, denuncia Pantin, “ningún poder postuló ni siquiera a un candidato por cada cargo”. Hay 102 aspirantes para elegir 65 juzgadores, y las normas de paridad permiten dar por asignados seis de ellos: los tres que ocuparán las mujeres en el Tribunal de Disciplina Judicial, pues solo hay tres candidatas; y tres de los jueces de primera instancia: dos mujeres y un hombre, sendos candidatos únicos en sus respectivas listas.
Aunque en Baja California también se observan candidaturas únicas para muchos cargos, su distribución hace sospechar a la jurista que no responde a un acuerdo político previo. “Muchas son, de hecho, personas en funciones en lugares alejados de la capital. En ciudades más grandes hay más competencia”, explica: “Son lugares medio aislados. Es posible que hubiera un bajo número de candidaturas iniciales”.
Las federales: 30 cargos resueltos y un complejo sistema de asignación por sexo
El problema de las candidaturas únicas no es exclusivo de las elecciones estatales, pero en las federales está revestido de una dosis de complejidad mayor que no parece responder a una intención política deliberada, sino más bien a la desorganización y la improvisación con que se han ido resolviendo las cuestiones prácticas. Esto ha desembocado en un diseño complejísimo que diferencia por distritos y por sexo sin garantizar la competencia para algunos puestos, de acuerdo con los expertos consultados. EL PAÍS ha revisado las boletas correspondientes a las magistraturas de circuito y las judicaturas de distrito y ha concluido que hay 54 candidatos y 81 candidatas sin competencia en sus respectivas listas. Hay, además, al menos una treintena de cargos que ya están asignados de antemano: 25 corresponden a mujeres y seis a hombres.
En el caso de ellos, se trata de plazas para las que literalmente no habrá nadie más contendiendo, con una circunstancia particular en Guanajuato: hay dos vacantes para magistrado civil, pero un único aspirante. El INE deberá resolver quién ocupará el puesto que quede desierto. En el caso de ellas, solo tres candidatas tendrán pase directo por la ausencia de competidores absolutos. La victoria de las otras 22 se puede anticipar por la norma de alternancia de sexo en la asignación de los puestos donde hay dos o más vacantes, pues son las únicas contendiendo por la lista femenina. Hay dos hombres más en esta situación, pero el objetivo de paridad deja en el aire esos triunfos hasta saber los resultados definitivos. “La manera más básica de aproximarse a una elección, si eres quien va a elegir, es ver cuáles son tus opciones. Es la pregunta que me haría para la alcaldía de la Cuauhtémoc o para una gubernatura. Esa pregunta básica no se puede responder para mí”, lamenta el abogado Luis Tapia, que se encontró con uno de estos casos en su boleta de la Ciudad de México: en su distrito hay dos vacantes en materia penal, pero hay seis hombres en un lado y solo una mujer en el otro.
Esta situación podría enredarse en los casos con una única vacante en los que haya una sola candidata y varios candidatos, pues hombres y mujeres deberán competir finalmente por la misma plaza a pesar de la diferenciación en dos listas, y el cumplimiento del requisito de paridad general puede requerir ajustes a posteriori que impliquen modificar algunos triunfos masculinos en favor de sus colegas mujeres. Hay en torno a 50 plazas en estas circunstancias que potencialmente podrían verse impactadas por estas correcciones. El sistema diseñado es tan complejo que los resultados de una boleta pueden verse modificados en función de los resultados de las demás, a fin de garantizar una paridad que no se previó adecuadamente en el diseño inicial. “Cuanto más complejo, menos transparente puede ser”, sintetiza Pantin.
La jurista anticipa muchas impugnaciones e inconformidades derivadas de este método, y agrega: “No va a favorecer a las mujeres en términos de legitimidad”. “Había una manera mucho más sencilla de garantizar la paridad”, explica: “Era decir, desde el inicio: tenemos 881 cargos en competencia, la mitad van a ser para mujeres y la mitad para hombres, como se hizo para el Tribunal de Disciplina y la Suprema Corte, y que cada quien compita entre sí. No se pensó en esto y los legisladores no se dieron cuenta de que orillaban al INE a hacer luego ajustes de paridad que son muy complejos”.
El resultado, tanto en los comicios estatales como en los federales, será el mismo para un número nada desdeñable de electores. Quienes acudan a votar podrán encontrarse en sus boletas que, en realidad, su elección está limitada o anulada de plano. Para todos ellos, no habrá jueces designados por carrera judicial, tampoco jueces elegidos por mandato popular.
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